Agenda de actividades de Dina Boluarte luce vacía durante el paro de transportistas del 10 de octubre

El paro de transportistas al que se han sumado otros gremios como bodegueros y comerciantes parece no haber llamado la atención de la presidenta de la República. Durante las primeras horas de las manifestaciones se han oído pronunciamientos de representantes del Ejecutivo, pero no de la mujer que ostenta el máximo cargo político del Perú.

La agenda pública de Dina Boluarte lucía vacía al dar el mediodía del 10 de octubre. Las redes sociales de presidencia no dieron cuenta de las actividades de la jefa de Estado durante la mañana y recién a las 12:15 p.m. compartieron imágenes en la que se ve a la presidenta junto a otros miembros de su equipo de trabajo.

“La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, lidera la reunión con su gabinete ministerial para realizar un balance de las acciones del Ejecutivo, a fin de evaluar el impacto del paro de un sector de transportistas y coordinar acciones que aseguren la protección de los ciudadanos”, se lee en la publicación mencionada.

El texto hace mención al impacto generado por la manifestación, pero no se anuncia cuáles serán las medidas para combatir la inseguridad ciudadana, el cual es el principal reclamo de quienes hoy han decidido paralizar sus actividades con la finalidad de llamar la atención de la clase política.

Si bien desde la mañana el Ejecutivo pretendió señalar que las actividades en varias zonas de la ciudad capital se realizaban con normalidad, diversos ciudadanos han denunciado que se han visto afectados por la falta de transporte público. Gremios de transporte de Junín y Arequipa también han alzado su voz de protesta ante la ola de extorsiones de las que son víctimas y que no les permiten trabajar con tranquilidad.

Reclamo ciudadano

Esta es la segunda vez en menos de un mes que el gremio de transportistas ha realizado un paro. Estos han sido una de las principales víctimas de la ola delincuencial que todavía no ha podido ser controlada por los miembros de la clase política. Durante los últimos meses, distintas redes de extorsión han cobrado la vida de choferes y trabajadores que se rehusaron a pagar cupos o no tuvieron el dinero suficiente para cumplir con la exigencia de los criminales.

“Mi vida no vale cinco soles”, se leyó en la pancarta de una de las manifestantes. Los transportistas no son las únicas víctimas de extorsión, los bodegueros, comerciantes y demás también reciben constantes amenazas. Estos también se han sumado a la manifestación y se ha procedido con el cierre de algunos mercados de la capital.

Las acciones buscan hacer un llamado de atención a la presidenta de la República y al Congreso para que reaccionen frente a la ola de delincuencia. Hasta el momento, las únicas que han medido los dos poderes del Estado fue declarar en estado de emergencia 16 distritos de Lima y Callao e impulsar una proyecto de ley de terrorismo urbano. Ambas medidas han sido duramente criticadas por los pocos efectos que han generado.

En el caso del estado de emergencia, se ha visto que los crímenes han continuado tanto en los distritos por donde transitan la PNP y las fuerzas armadas como en aquellos donde no. Sobre la ley de terrorismo urbano, distintos especialistas han señalado la medida como populista y resaltaron que tan solo dificultará la labor de jueces y fiscales. Hasta la fecha, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han anunciado otras medidas para atender los reclamos de la población.