Paro de transportistas, extorsiones, sicariato y una crisis de inseguridad que el Gobierno pretende frenar con estados de emergencia que no funcionan

El ministro del Interior, Juan José Santivañez anunció que renunciaría a su cargo si es que el estado de emergencia decretado en 14 distritos de Lima y Callao no reduce los altos índices de criminalidad que azota la capital. Pese a que diariamente se realizan operativos y que la PNP trabaja “indesmayablemente”, según el jefe de la Región Policial Lima, los casos de extorsión y sicariato siguen vigentes.

La presidenta Dina Boluarte aseguró que su gobierno le está “respirando en la nuca” a los delincuentes, pero la realidad es que ahora, subirse a una combi se ha convertido en una actividad de alto riesgo, pues ya no se sabe si uno de los pasajeros es un sicario. La noche del último lunes, cuatro personas murieron y tres resultaron heridas luego de que un criminal disparara contra el chófer y la cobradora de una unidad de transporte público. El crimen aún está en investigación.

Frente a esto, hay que preguntarse si realmente el estado de emergencia es una medida adecuada para hacer frente a la criminalidad organizada o si solo es una medida política para aplacar el descontento de la población.

La peor crisis

El exministro del Interior, Carlos Basombrío, advierte que estamos afrontando la peor crisis de seguridad y que nunca antes se llegó a ver niveles tan graves del alcance del crimen organizado. Pese a eso, consideró que el estado de emergencia anunciado por el gobierno de Dina Boluarte son medidas políticas que volverán a fracasar.

El extitular del Mininter considera que el despliegue de efectivos policiales en las calles puede ayudar a disuadir al delincuente común, pero en el caso del crimen organizado resulta insuficiente por el tipo de delito.

Basombrío también criticó la nueva unidad de la PNP especializada en casos de extorsión, pues considera que trasladar a 80 agentes a otra unidad y cambiarle el nombre es insuficiente para combatir el crimen organizado.

Crimen en Lima

El exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, Luis Herrera, señala que la criminalidad organizada estuvo presente el Perú alrededor de 20 años, pero como sucedió con el terrorismo, el Estado comenzó a actuar cuando alcanzó a las empresas formales de la capital.

Sobre el estado de emergencia, Herrera consideró que no es efectivo, debido a que la medida no implica un control total del territorio. Es decir, que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar en tareas de patrullaje a la PNP, en algunos activos críticos de la capital, pero esto no quiere decir que, por ejemplo, se pueda controlar el accionar de los extorsionadores.

“La estrategia operativa en un estado de emergencia tendría que estar orientada al tema del allanamiento y del rastrillaje de zonas consideradas rojas por parte de la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas. El estado de emergencia, como se ha planteado en el Perú, ahora y el año pasado, solo permite a las FF. AA. apoyar a la Policía en la custodia de activos críticos”, comentó.

En ese sentido, consideró que la decisión de decretar esta medida responde a una mala asesoría y que la criminalidad organizada ya rebasó la capacidad de respuesta del Estado, por lo que para que se de una adecuada estrategia deberían trabajar todas las instituciones: “Ya no es solo tarea de la PNP”, agregó.

País de los cupos

Por último, Miguel Villaverde Cisneros, especialista en políticas públicas y gestión pública, también coincidió con la ineficiencia del estado de emergencia y recordó que, en años previos, no se consiguieron los resultados esperados, lo que evidencia una política de seguridad ciudadana ineficiente.

Villaverde lamentó que con el avance de la inseguridad y el crimen organizado, el Perú se ha convertido en un país donde pedir cupos se ha convertido en algo común y lo que realmente se necesita es adoptar medidas más eficaces que solucionen este problema.

“Nos hemos convertido en el país de los cupos. Cuando hablamos de crimen organizado estos se refieren a delitos complejos con fines económicos como la trata, extorsión, narcotráficos y otros delitos; entonces el gobierno debería trabajar en estrategias y medidas eficaces y articuladas esto para hacer más difícil el trabajo del crimen organizado y reducir el número de víctimas”, agregó.