El fiscal José Domingo Pérez enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito desde mayo de 2024 por el Ministerio Público. La indagación, a cargo del fiscal superior titular Reggis Oliver Chávez Sánchez, se basa en una denuncia presentada por Patricia Carolina Tubilla Casanova, excandidata aprista y defensa legal de Juan Muñico, miembro de ‘La Resistencia’, grupo que ha acosado y hostigado a Domingo Pérez.
La denuncia señala la adquisición de una camioneta Volvo valorada en 76 mil dólares, así como un departamento y un estacionamiento en Miraflores, lo que habría generado un desbalance patrimonial. Tras mostrarse en el programa Willax fragmentos del documento fiscal que formalizan la investigación contra Pérez, el parlamentario de Fuerza Popular, Héctor Ventura, hizo un anuncio al respecto
“Mañana (hoy, 24 de septiembre) solicitaré ante la Comisión de Fiscalización que inicie indagación sobre el presunto desbalance patrimonial que tendría el fiscal Domingo Pérez. La Fiscalía también debe iniciar acciones inmediatamente”, escribió Ventura a través de su cuenta en la plataforma X
Según el Ministerio Público, el fiscal Pérez presenta un desbalance de más de 131 mil soles en un periodo de cinco años, entre 2018 y 2023. Además, se ha identificado que ha realizado retiros que exceden sus ingresos mensuales. Un estudio pericial determinó que solo en mayo de 2021, Pérez dispuso de 24 mil soles en efectivo, superando los 14,700 soles que percibe mensualmente.
Actos de hostigamiento y acoso contra el fiscal
Según recordó la abogada del IDL, Cruz Silva, a través de su plataforma de X (antes Twitter), José Domingo Pérez ha sido objeto de un hostigamiento sin precedentes en Perú, enfrentando acoso, estigmatización y agresiones durante años. Ahora, se encuentra bajo investigaciones fiscales impulsadas por personas con intereses partidarios, según informes recientes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares, pero se requiere que el Ministerio Público (MP) lo proteja para salvaguardar su independencia y su papel como defensor de los derechos humanos y denunciante de corrupción.
El fiscal Pérez ha sido blanco de una campaña de desinformación y estigmatización, con el objetivo de apartarlo del caso Cócteles, un caso de gran relevancia en el país. Según los informes, esta campaña incluye la manipulación de información por parte de medios como Willax, el abuso de poder por algunos miembros del Ministerio Público y la acción coordinada de congresistas y líderes investigados.
El patrón de hostigamiento contra Pérez se asemeja a lo ocurrido con fiscales y jueces en Guatemala, donde fiscales adversos abusaron del poder y avanzaron en la criminalización de sus colegas, como en el caso del exfiscal Juan Francisco Sandoval, quien actualmente se encuentra asilado en Estados Unidos debido a estos ataques, enfatizó Cruz Silva
La situación actual en Perú es crítica, con actores de poder intentando incluso destituir a la Junta de Fiscales Supremos y violentando a fiscales como Zoraida Ávalos y Rafael Vela. La institución del Ministerio Público enfrenta el reto de crear espacios donde los fiscales atacados puedan defender su trabajo y contrarrestar la desinformación que se difunde en medios y redes sociales.
El caso de Pérez no es aislado. Fiscales como el que investiga el presunto enriquecimiento ilícito y el fiscal Chinchay han acogido denuncias interesadas y partidarias, basadas en desinformación y estigmatización, lo que plantea serios problemas de debido proceso.
La nueva arremetida contra el fiscal José Domingo Pérez es muestra de cómo *la (des)información manipulada de Willax, *el abuso fiscal de algunos miembros del MP, *congresistas de partidos y líderes investigados que responden al unísono, es un PATRÓN que busca IMPUNIDAD
El hostigamiento a Pérez no tiene precedentes en el país. Años sometido junto a su familia al acoso, estigmatización, agresiones, violencia, y ahora, a investigaciones fiscales de personas partidarizadas (incluso “refritos”). El objetivo es claro: sacarlo del caso Cócteles
@CIDH le dio medidas cautelares, pero es momento que la institución MP lo proteja: i. porque la independencia de Pérez es la del MP, ii. porque como op de justicia es defensor de ddhh y como fiscal, es denunciante de corrupción y tiene así un estándar mayor de protección
¿Por qué fiscales como el que investiga el caso de presunto “enriq ilíc”, o el fiscal Chinchay, acogen denuncias interesadas y partidarizadas, en investigaciones con problemas de debido proceso, en base a la desinformación y estigma? 4/10
Esta ruta es CONOCIDA. Ya ha pasado con fiscales y jueces de Guatemala: fiscales adversos abusando del poder aprovecharon desprotección institucional y avanzaron en criminalización. Casos hay, como el del exfiscal FECI
, hoy asilado por EEUU por esos ataques.
El poder penal no está para criminalizar a fiscales asediados, menos aún en el actual escenario donde los mismos actores de poder buscan incluso defenestrar a la Junta de Fiscales Supremos luego de violentar a fiscales Ávalos y Vela al sacarlos de sus cargo
La institución tiene el reto de generar espacios donde los fiscales atacados puedan defender su trabajo y desarmar la desinformación que se repite en portadas, varias horas al día, en redes sociales. La desinformación y difamación puede ser letal con sus objetivos políticos
Esta Fiscalía que defiende la institucionalidad no puede pasar a la historia como la que permitió la criminalización contra los fiscales Pérez o Vela del caso LavaJato y sus familias. Com internac está atenta
Si las autoridades de
dejan pasar esta dinámica compleja de ataque a fiscales Lava Jato (u otros), el problema será mayor para la institución: en su legitimidad, en el mensaje nocivo a otros fiscales que investigan el poder, a la comunidad internacional
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