A raíz de los diversos incendios forestales que se dieron en diversos departamentos del país, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Arturo Alegría, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo establecer un marco normativo para la prevención, detección, control y gestión integral de estos siniestros, promoviendo la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la participación activa de la sociedad civil.
La propuesta también contempla que las áreas afectadas por los incendios forestales tendrán que ser reforestadas obligatoriamente por el Ministerio del Ambiente (Minam), ya que solo tendrán el fin de ser áreas de cultivo.
“El Ministerio del Ambiente tiene la obligación de evaluar, diseñar y ejecutar los planes de reforestación y recuperación de las áreas públicas degradadas o perdidas a causa de los incendios forestales en todo el territorio nacional”, menciona en el documento.
Incluso, en el artículo 13, se detalla que el Miman, a través del mecanismo de ambiente sano por impuestos, “fomentará la restauración y reforestación de áreas degradadas para reducir la acumulación de material combustible y mejorar la resiliencia de los ecosistemas”.
“Además de todo el marco normativo, para exigirle al Ministerio del Ambiente que ejecute los planes de reforestación y recuperación de las áreas públicas degradadas a casa de los incendios forestales, se está planteando una clasificación de infracciones y sanciones muy aparte de los temas penales y civiles que implique el actuar de las personas contra nuestro medioambiente”, señaló el parlamentario en diálogo con Infobae Perú.
En ese sentido, la propuesta plantea una clasificación de infracciones y escala de multas. Por ejemplo, provocar intencionalmente incendios forestales será sancionado con hasta 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen 257 mil 500 soles.
También se destacó que aquellos que realicen quemas agrícolas sin la autorización correspondiente o sin seguir las medidas de seguridad establecidas, impedir o dificultar las labores de monitoreo y vigilancia de las autoridades competentes, así como incumplir con la elaboración o implementación de planes de prevención, serán sancionados con multas de entre 5 y 20 UIT.
En las disposiciones finales de la iniciativa se prohíbe el otorgamiento de títulos habilitantes o cualquier otro acto administrativo que otorgue derechos a particulares sobre los bienes públicos que hayan sido afectados por los incendios forestales en todo el territorio nacional; así como en las regiones que no cuenten con zonificación forestal aprobada en la entrada en vigencia de la presente ley.
¿Qué se hará con el dinero de las multas?
En su artículo 22, el proyecto menciona que el total de las multas recaudadas serán destinadas exclusivamente a financiar programas de prevención y combate de incendios forestales; a la capacitación y equipamiento de brigadas forestales y comunitarias; y a campañas de educación y concientización ambiental.
Asimismo, que el Ministerio de Economía y Finanzas garantizará la asignación de recursos en los presupuestos nacionales, regionales y locales para la implementación de las acciones previstas, bajo responsabilidad de su titular.
Sobre fondos especiales, la iniciativa plantea autorizar al Minam y al Midagri la creación de estos recursos y acceder a financiamiento internacional para apoyar programas y proyectos relacionados con la prevención y gestión de incendios forestales, así como para los planes de reforestación de áreas degradadas por incendios forestales.
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