Derrame de petróleo de Repsol: A dos años del desastre, “los ánimos de los damnificados están por los suelos”

Este lunes, aproximadamente 4.000 pescadores artesanales y trabajadores de las playas afectadas por el derrame de petróleo de Repsol, ocurrido el 15 de enero de 2022, iniciaron un paro indefinido frente a la refinería La Pampilla.

Los ciudadanos sostienen que la contaminación persiste y exigen medidas urgentes para restaurar sus medios de vida y el bienestar de sus comunidades, pues, aseguran que no pueden reanudar sus actividades económicas habituales debido al impacto ambiental.

Además, reiteran su pedido de compensación económica para los sectores de pesca, comercio, transporte y turismo, que han sido gravemente perjudicados, así como se reconozcan e indemnicen a los grupos que aún no han sido compensados.

Los ánimos están por los suelos

Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo, expresó su malestar a Infobae Perú. “La respuesta de Repsol siempre es la misma. Afirman que no tienen que indemnizar más porque, según ellos, las playas cumplen con los estándares internacionales. Los ánimos de los damnificados están por los suelos”, indicó.

En la misma línea, dirigentes pescadores contaron a este medio que Repsol estaría utilizando la informalidad de los pescadores como pretexto para eludir las indemnizaciones.

También criticaron que la compañía se basa en la falta de permisos oficiales para clasificar la pesca como ilegal, ignorando que la verdadera actividad ilícita involucra prácticas como el uso de explosivos, explicaron.

Ante ello, manifestaron su frustración por el estado de las negociaciones debido a que, ratifican, el diálogo con la empresa está roto y su situación es cada vez más difícil.

Alertan sobre represión durante protesta

Además, Melchor relató que en el primer día del marco de la protesta ocurrieron enfrentamientos con la policía. “Han golpeado a las mujeres. La Policía ha roto la bandera, una bandera que representa a todos los peruanos lo han roto”.

En tanto, la congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú - Cambio Democrático) informó que hubo al menos tres detenciones arbitrarias, incluyendo un caso en el que un manifestante se protegió de los golpes de los efectivos, refugiándose bajo una camioneta de la PNP, momento en el que se le lanzó una bomba lacrimógena para presuntamente obligarlo a salir.

“Son más de 2 años y las actividades de pesca artesanal y otras continúan seriamente impactadas. La responsabilidad principal es de la empresa, pero el Gobierno jamás ha garantizado que las legítimas exigencias que hoy los pescadores reclaman se cumplan”, escribió Luque en su cuenta de X (antes Twitter), tras a darse a conocer estos hechos.

La respuesta de Repsol

En respuesta a las acusaciones, Repsol comunicó que ha cumplido con sus compromisos de compensación. La empresa afirma que va compensando al 98% de los afectados, un total de más de 10 mil 000 personas, con un promedio de 100,000 soles por persona, mientras que el ingreso anual promedio de un pescador artesanal es de 15,000 soles.

Por otro lado, la compañía señala que ha destinado más de 1,000 millones de soles a limpieza, remediación y compensación social. Además, asegura que las playas afectadas cumplen con los estándares de calidad ambiental nacionales e internacionales.

Pagos de empresa responsable no constituiría compensación real

En enero de este año, Infobae Perú conversó con Tom Goodhead, director de Pogust Goodhead, la firma británica de abogados que ha presentado una demanda millonaria contra la gigantesca Repsol en La Haya (Holanda) por el desastre ecológico producido en el litoral peruano.

Goodhead explicó a este medio que Repsol ha limitado su asistencia a un número reducido de afectados, focalizando en una actividad económica por familia y dejando fuera a múltiples personas impactadas por el derrame. Esto plantea interrogantes sobre el alcance de las reparaciones y si estas constituyen realmente una compensación por los perjuicios causados.

En tal sentido, se critica que la ayuda ofrecida sea más simbólica que efectiva, afectando a la percepción de justicia y equidad en el tratamiento de los damnificados.