
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) advirtió sobre una situación que amenaza la estabilidad del transporte público en la capital peruana. Ante el incremento de extorsiones y ataques violentos que afectan tanto a operadores de transporte como a pasajeros, se intensificó la preocupación en el sector. En ese sentido, la ATU solicitó al Ejecutivo convocar a una Sesión del Consejo de Estado, para resguardar la seguridad del sistema de transporte.
La Sesión del Consejo de Estado es la máxima instancia de articulación donde participan los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los organismos constitucionalmente autónomos, para buscar dar solución a un grave problema.
Mediante un comunicado, la ATU manifestó su compromiso por colaborar con diversas instituciones para enfrentar esta crisis, que no solo pone en riesgo la seguridad de los trabajadores del transporte, sino también la de millones de ciudadanos que utilizan estos servicios diariamente.

El panorama es preocupante
La situación escaló a tal nivel que la ATU remitió un oficio al Ministerio del Interior, en el que solicita la convocatoria a una ‘Sesión de Consejo de Estado’, “para coordinar acciones entre los poderes del Estado y organismos autónomos”. La intención es coordinar esfuerzos que permitan implementar estrategias conjuntas para combatir la criminalidad en el transporte público.
Durante las últimas semanas, se registró, en promedio, un atentado diario dirigido hacia trabajadores o unidades del sector transporte. Esta aumento de violencia ha generado preocupación y miedo en el sector, llevando a que muchos trabajadores abandonen sus empleos. Algunos casos, lamentablemente, terminaron en tragedias. La situación más grave ocurrió cuando una persona perdió la vida en un atentado relacionado con extorsiones.
Todo empezó en los últimos días de agosto
Uno de los hechos más relevantes ocurrió el 21 de agosto, cuando ‘Los chinos’ anunció la paralización total de sus operaciones. Los 130 trabajadores de la empresa, que cuenta con alrededor de 100 unidades operativas, decidieron no salir a trabajar por temor a ser víctimas de violencia. Este anuncio surgió luego de que una de sus unidades fuera baleada en Lima Norte. La empresa, que cubre una ruta extensa desde Puente Piedra hasta Villa El Salvador, dejó de operar, afectando a miles de usuarios que dependen de sus servicios.
Uno de los episodios más trágicos se vivió el 28 de agosto en el distrito de Comas. Un sicario asesinó a Rutnam Berríos Pajuelo, un conductor de la empresa ‘El Mandarino’, mientras recogía pasajeros en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Revolución. Según testigos, los atacantes llegaron en una motocicleta y dispararon al menos cinco veces contra el vehículo. El conductor murió en el lugar, y los pasajeros quedaron conmocionados por la violencia del ataque.
Más Noticias
A qué hora juega Perú vs Filipinas HOY: duelo decisivo por fecha 4 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026
Las ‘matadorcitas’ afrontan un partido determinante ante el seleccionado asiático, con el objetivo de sumar y acercarse a los octavos de final del torneo. Conoce todos los detalles de la programación del encuentro

¿Qué tanto te “quiere” tu jefe? Este es el monto que las empresas en Perú destinan para beneficios alimentarios
La alimentación representa cerca del 40% de los gastos del hogar y explica el peso de este tipo de beneficios corporativos en el país, según un análisis

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, celebra el baby shower de su primera hija Tezza
La hija de Melissa Klug y Raúl Marquina usó sus redes sociales para mostrarle a sus seguidores cómo fue este evento

Se reveló el último refuerzo de Universitario y que jugó el Mundial 2026: “Falta un detalle con el jugador y su agente”
La directiva de la ‘U’, en conjunto con Héctor Cúper, definió al lateral izquierdo que cubrirá la salida de José Carabalí y competirá con César Inga

Recuperar la prudencia fiscal
Un “shock de gestión pública” en los primeros cien días debería levantar un riguroso inventario de proyectos estancados, establecer criterios de priorización y exigir rendición de cuentas a los gobiernos subnacionales


