Al investigar las rutas del contrabando en Perú, se han identificado prácticas de violencia y corrupción ligadas al comercio ilícito de cigarrillos y ropa usada, que han permitido financiar a organizaciones criminales. La investigación, liderada por el exministro del Interior Rubén Vargas, muestra que estas actividades no son incidentes aislados sino parte de redes delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas.
El estudio titulado «Contrabando y Tráfico de cigarrillos y ropa usada: economías ilegales y amenazas a la seguridad» se realizó en áreas específicas como Lima, Puno y Bolivia, que fue presentado en el III Encuentro de Gremios y Cámaras Sudamericanas de Lucha contra el Comercio Ilícito, un evento organizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), reveló alarmantes cadenas y rutas de contrabando arraigadas en una estructura criminal global.
Vargas explicó que el contrabando de cigarrillos y ropa usada está gestionado por las mismas estructuras criminales involucradas en el tráfico de drogas y otros bienes ilícitos. Además, destacó que el tráfico ilegal de mercurio, utilizado en la minería ilegal, representa una fuente de ingresos extremadamente lucrativa para las organizaciones criminales.
Rutas de tráfico ocultan mucho más
Los datos obtenidos en el estudio mostraron que existe una relación clara entre las economías ilegales y el crimen organizado, y en este caso las rutas de tráfico de cigarrillos y ropa, también se usan para el narcotráfico, armas y la trata de personas. Estas coincidencias indican que las ganancias del contrabando se reinvierten en otras formas de crimen organizado.
Entre los hallazgos clave, se identificaron cuatro escenarios principales de movilización de bienes que muestran la interconexión entre el contrabando y otras actividades ilegales:
- Salida de oro y/o cocaína que retorna con contrabando.
- Ingreso y salida continua de mercancías legales e ilegales, conocido como “culebra”.
- Transporte individual de pequeña escala, denominado “hormigueo”.
- Distribución conjunta con otros productos de contrabando, como artefactos, drogas y armas.
Uno de los aspectos más alarmantes señalados por el estudio es el papel crucial de la violencia en estas actividades. Grupos armados dominan las rutas usadas para el contrabando, empleando intimidación y corrupción para proteger sus operaciones. Los contrabandistas aseguran el paso de las mercancías ilegales mediante sobornos a funcionarios corruptos o mediante el uso de la fuerza.
Contrabando provoca muerte en Perú
El extitular del Mininter señaló que el 90% de las muertes violentas en nuestro país están relacionadas con las economías ilegales. “El 90% de las muertes violentas nacen de las economías ilegales. Hemos constatado en este estudio que tanto la ropa usada como el cigarrillo son comercializados por los mismos actores y las mismas estructuras criminales involucradas en el tráfico de drogas, cocaína, el oro ilegal”, explicó Vargas.
En sentido, el exministro señaló que el tráfico ilegal de mercurio presenta fuertes ingresos para las organizaciones criminales y la minería ilegal puede llegar a pagar hasta diez veces más por dicho insumo.
Crimen organizado y tráfico afectan a la población
Por su parte, Claudia Sofía Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio ilícito de la SNI, indicó que el impacto del tráfico ilegal agrava a la delincuencia común y la extorsión en el país lo que afecta directamente a la población.
Pilar Lizana Toresano, experta en Seguridad Internacional y Comercio Ilícito Transnacional, advirtió que la corrupción es un aliado estratégico de las organizaciones criminales, pues buscarán ingresar al Estado para corromperlo y utilizarlo para su beneficio.
¿Nueva ley debilita lucha contra el crimen organizado?
Recientes modificaciones en el Código Penal y en la legislación relacionada con el crimen organizado han suscitado preocupaciones entre los expertos en seguridad. Claudia Sofía Linares, presidenta de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ha manifestado que estos cambios han debilitado la lucha contra los delitos vinculados a las economías ilegales.
“De parte del Gobierno y específicamente del Congreso, vemos una respuesta absolutamente irracional respecto a cómo enfrentar la situación actual del crimen organizado. El cambio en la tipificación del delito de crimen organizado ha modificado dramáticamente al tipo penal y a las formas en que se estaba enfrentando a la criminalidad organizada”, advirtió.
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