Sucamec detecta irregularidades en 131 armas de fuego en Junín y Pasco: conoce los detalles de los casos

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) identificó 131 armas de fuego con irregularidades en sus registros en operativos realizados en las regiones de Junín y Pasco. Los hallazgos forman parte de una estrategia del Ministerio del Interior (Mininter) orientada a reforzar la fiscalización del armamento de uso civil y evitar su desvío hacia circuitos ilegales, según informó la agencia Andina.

El organismo trabajó de manera conjunta con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público en ambos casos, que ya fueron derivados a las fiscalías correspondientes para determinar responsabilidades penales y esclarecer el destino final de las armas.

Caso de Satipo: 84 armas sin paradero

En la comunidad nativa Betania-Chauja, distrito de Río Tambo, provincia de Satipo (Junín), personal de Sucamec y de la PNP verificó la situación de 84 armas registradas a nombre de tres hermanos cuyas licencias habían sido canceladas previamente. El lote incluye 77 carabinas calibre .223 REM y siete pistolas calibre 9x19 milímetros.

Durante la intervención, los agentes ubicaron a Diego Nialdo Chumpati Martín y Kioshi Chumpati Martín, quienes manifestaron que ya no tenían el armamento en su poder. El tercer titular, Richard Chumpati Martín, no fue hallado. Las diligencias arrojaron indicios de una presunta transferencia de las armas a terceros, además de referencias a personas y empresas vinculadas con su comercialización, datos que fueron contrastados con los registros institucionales. El caso quedó en manos de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Satipo, que dispuso el inicio de diligencias preliminares.

Pozuzo: internamiento parcial de 15 armas

El segundo caso se registró en la localidad de Prusia, distrito de Pozuzo, región Pasco. Allí, Sucamec, la PNP y el Ministerio Público tenían programada una diligencia de inspección a José Luis Sánchez Livelli, titular de una licencia cancelada que registraba 47 armas: 23 carabinas, 16 escopetas, seis pistolas y dos revólveres.

Tras ser notificado de la inspección, Sánchez Livelli se trasladó a Lima e internó 15 armas de fuego en la sede central de Sucamec, un número que representa menos de un tercio del total registrado a su nombre. La Fiscalía Provincial de Oxapampa dispuso continuar con las acciones de inspección, verificación e incautación de las 32 armas restantes, y solicitó que las ya internadas fueran puestas a su disposición para realizar los peritajes correspondientes y determinar si estuvieron involucradas en hechos delictivos.

Propuesta legislativa en paralelo

Los operativos se desarrollan en simultáneo con una iniciativa legal que el ministro del Interior, César Astudillo, presentó ante el Congreso de la República. La propuesta busca modificar la regulación de las armas de uso civil y establecer límites a la cantidad de armas que pueden registrarse bajo las categorías de caza, deporte y colección, un punto que según el sector busca reducir el margen para la acumulación irregular de armamento.

El Mininter sostiene que esta medida normativa complementa el trabajo de fiscalización en territorio, al apuntar a las causas estructurales que permiten la proliferación de armas sin control efectivo sobre su titularidad.

Declaraciones oficiales y coordinación interinstitucional

El superintendente nacional de Sucamec, Eswin Manay Guerrero, explicó el enfoque de la entidad frente a estos hallazgos. “Estamos fortaleciendo la fiscalización en territorio y los resultados ya se están dando. Nuestro trabajo no termina cuando detectamos una irregularidad: articulamos con la Policía Nacional y llevamos los casos ante el Ministerio Público para que sean investigados”, afirmó el funcionario, citado por Andina.

Manay agregó que “combatir la criminalidad también significa anticiparnos, esclarecer el destino de las armas y evitar su desvío hacia circuitos ilegales”. La Sucamec indicó que continuará las labores de fiscalización y coordinación con la PNP y el Ministerio Público para verificar la situación legal del armamento registrado a nivel nacional y prevenir su uso en actividades ilícitas.