La revista Americas Quarterly es clara en señalar al Poder Legislativo como el principal responsable del desmantelamiento de las capacidades del Estado para combatir el crimen. “El Congreso de Perú está desmantelando imprudentemente las instituciones nacionales que combaten el crimen en beneficio de las mafias del país, lo que aumenta el riesgo de inestabilidad, emigración y manipulación por parte de actores extranjeros malignos”, afirma Will Freeman, investigador del Council of Foreign Relations y autor del artículo.
Considerada una de las principales revistas académicas de Estados Unidos, Americas Quarterly señala que la Ley 32108, conocida como Ley contra el Crimen Organizado, es una iniciativa promovida por el Congreso que perjudica la estabilidad del país. También menciona a la Ley 31990 que debilita la colaboración eficaz, la Ley 31989 que revoca la facultad de la Policía para actuar contra los mineros ilegales que utilicen explosivos y la demanda de inconstitucionalidad que presentó Josué Gutiérrez, defensor del pueblo, contra la Ley de Extinción de Dominio.
“Si el Congreso continúa debilitando la aplicación de la ley, poniendo en peligro la estabilidad regional en el proceso, debe haber una respuesta internacional coordinada. Este es el peor momento posible para que Perú pierda su capacidad de combatir el crimen. El crimen organizado no es algo nuevo en el país, pero los recientes ataques descarados sí lo son.”, señala Will Freeman.
El autor también afirma que, si bien los cambios en el gabinete ya no son tan frecuentes y volátiles como lo eran durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, no sólo es la rotación de personal lo que genera inestabilidad. “También lo es una política imprudente y destructiva”, concluye.
Invoca a organizaciones internacionales
Finalmente, Will Freeman invoca a las autoridades internacionales a involucrarse en el escenario político peruano. “Hay un grupo de voces que podrían captar la atención de los legisladores, si se expresan con suficiente fuerza: el Departamento de Estado de Estados Unidos y sus homólogos europeos. Tienen todas las razones para contraatacar”, se lee en el artículo académico.
“Los diplomáticos estadounidenses y europeos deberían considerar un enfoque más proactivo que implique consecuencias para los líderes de los principales partidos de Perú si continúan debilitando el estado de derecho o intentan comprometer la independencia de las instituciones electorales del país antes de las elecciones de 2026. (...) Si el Congreso continúa debilitando la aplicación de la ley, poniendo en peligro la estabilidad regional en el proceso, debe haber una respuesta internacional coordinada”, propone Will Freeman.
InSight Crime, organización dedicada a estudiar las amenazas a la seguridad nacional y ciudadana en América Latina y el Caribe, publicó que los casos de extorsión en Perú incrementaron en un 370% entre 2021 y 2023 según datos del Ministerio Público. Y un estudio de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) de junio pasado indica que nuestro país ya se posiciona como el segundo productor de coca del mundo, luego de Colombia.
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