Los recientes audios atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sugieren que la presidenta Dina Boluarte habría solicitado en dos ocasiones la desactivación de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Esta revelación desató diversos comentarios de personajes de la política peruana, cuestionando la continuidad del titular del Mininter en el cargo.
Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, declaró para Canal N que, si los audios resultaran ser auténticos, Santiváñez no podría continuar en su cargo. Según Pedraza, un condicionamiento de este tipo, en el que supuestamente se solicita la desactivación de la Diviac como parte de un acuerdo para asumir el Ministerio, sería inaceptable. Además, consideró que dicha situación, de confirmarse, deslegitimaría al actual ministro y socavaría su autoridad.
También mencionó la relación entre Santiváñez y su padre, un coronel en activo, así como los múltiples audios en los que el ministro aparece conversando con conocidos sobre temas que afectan a la Institución policial. El exministro expresó su preocupación por las acciones anunciadas por el actual titular de la cartera, como la baja de más de mil efectivos policiales, las cuales calificó como arbitrarias. “Incluso hoy circulan listas de personas que podrían ser dadas de baja con esta medida excepcional, lo que activa un mercado ilegal y abusivo sobre quién entra y quién sale”, afirmó el exministro.
La situación dentro del Ministerio del Interior no es nueva, según Pedraza. El exministro criticó la inestabilidad que ha caracterizado a esta cartera en los últimos meses, con ministros que duran pocos meses en el cargo, afectando tanto a la institución como al país en su conjunto.
“La continuidad de Santiváñez es insostenible”, dijo la exprocuradora
Katherine Ampuero, exprocuradora Anticorrupción, también se pronunció sobre los audios, enfatizando que la permanencia de Santiváñez en el cargo se ha vuelto insostenible. En su opinión, más allá de las consideraciones legales, el ministro debería dar un paso al costado en aras de la transparencia y la legalidad. Además, consideró que la presidenta Dina Boluarte debería tomar la decisión de remover a Santiváñez, a pesar de las implicaciones políticas que esto podría tener.
Asimismo, planteó que las grabaciones podrían configurar varios delitos, entre ellos el cohecho. Según ella, los audios sugieren que el cargo de ministro del Interior fue ofrecido bajo la condición de desactivar la Diviac, lo que constituiría una transacción ilegal. Aunque reconoció que los audios deben someterse a pericias para confirmar su autenticidad, consideró que ya existen suficientes antecedentes para cuestionar la actuación de Santiváñez.
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