El alcalde de Surco, Carlos Bruce, se casó este lunes en Madrid, capital de uno de los países con mayor número de población adulta que se declara LGTBI a nivel mundial y donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde 2005.
“El día de ayer, Alejandro y yo nos unimos en matrimonio. Fue en una sencilla reunión, rodeados de nuestros familiares y amigos más cercanos”, anunció el político en sus plataformas oficiales. “Me siento muy contento de que Ale sea mi esposo y de iniciar esta aventura con alguien a quien quiero tanto. El amor nunca hace daño, el odio sí”, continuó.
Aunque inicialmente la propuesta acarreó críticas, él las respondió con firmeza. “No me molesta que me digan gay. Los ataques no son motivos para que congresistas que creemos que esto es una causa justa nos inhibamos de presentar el proyecto de ley solo porque vamos a pasar un mal rato. Mal rato es lo que pasa un millón y medio de peruanos que tienen que vivir con su pareja casi en la clandestinidad, como si estuvieran haciendo algo indebido”, expresó.
Incluso el cardenal Juan Luis Cipriani, quien presentó su renuncia al cargo como arzobispo de Lima, se mostró en desacuerdo con el proyecto, al alegar que “el que quiera tener una relación tiene el derecho civil para que haga su contrato, pero no hace falta realizar una caricatura de matrimonio para luego destrozarlo. No me parece que hayamos nombrado a congresistas para manifestar su propia opción”, agregó.
No obstante, la cantidad de peruanos que apoyan este derecho de la comunidad LGTBIQ ha aumentado en los últimos años hasta alcanzar su nivel más alto en 2023. A inicios de ese año, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso archivó otra iniciativa legislativa que buscaba el reconocimiento de la protección jurídica para parejas homoafectivas bajo la figura del matrimonio. En tanto, otro proyecto sobre unión civil de personas del mismo sexo, presentado por Alejandro Cavero (Avanza País), no pasó al archivo y continuará en análisis.
Para la organización, esta negativa viola el derecho a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y el de formar una familia. Además, la comunidad trans no cuenta con un DNI acorde a su identidad de género, una situación que les limita el acceso a derechos como salud, trabajo y educación, y los condena a vivir en la precariedad.
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