El alcalde de Surco, Carlos Bruce, minimizó este jueves las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, los casos por los que Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, y se unió al pedido de excarcelación del exdictador, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó lo contrario el año pasado.
“Solo estoy mirando hacia adelante. Entiendo perfectamente a las personas que pueden haberse sentido afectadas, pero hay que buscar lo mejor para el país, [que es] la reconciliación, no manejarse con odios. Esta perversidad de mantener un anciano detenido hasta que muera en la cárcel ya lo hicimos con [Augusto B.] Leguía”, dijo el burgomaestre en una rueda de prensa.
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La diferencia es que Leguía “no mandó matar”, aunque deportó a varios, dijo a El Comercio la historiadora María Álvarez Calderón. “No seamos tan salvajes como aquellos que decimos combatir. Personalmente, liberaría a una persona de 85 años [porque] ya no es peligrosa para la sociedad, sino que está más cerca de descansar de manera definitiva”, siguió Bruce al mencionar que propondría una ley para que los sexagenarios salgan de prisión.

“Tenemos el derecho de expresar otra opinión. No soy jurista, pero soy ser humano. No tengo el odio para desearle a una persona de 85 años, que ha estado 16 años encarcelado, que no pueda ir a su casa a vivir lo último de su vida con sus seres queridos. No sé si es legal o ilegal, pero no me nace ese odio”, mencionó en otro momento.
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Aunque la CorteI DH pidió al Estado peruano garantizar la administración de justicia para las víctimas de ambas masacres, Bruce consideró que Fujimori ya cumplió su “castigo, ya está viejo, y es suficiente”, antes de pedir unidad nacional. “Más que una sentencia, aquí hay odios de gente que no es capaz de dejar el pasado y mirar al futuro. Creo que lo que le deseamos a un anciano preso es lo que somos. Hay que tener un poco de humanidad”, matizó.

Morales dijo que la decisión ya se remitió al juez de ejecución de un habeas corpus presentado en Ica a favor del exdictador y defendió su cumplimiento por encima de la resolución de la Corte IDH, que pidió que no se ejecute otra sentencia del Constitucional que ordenó la restitución de la gracia presidencial.
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En medio de posturas polarizadas y celebraciones de la portátil naranja, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que el juez constitucional deberá “expedir la disposición que corresponda, en el marco de su autonomía jurisdiccional”.
”Venimos con mucha expectativa para realizar los trámites respectivos como defensa para darle viabilidad a la resolución del TC”, declaró antes de asegurar que se debe “acatar en todos los extremos” la resolución y que a la Corte IDH “no le corresponde dirimir sobre la libertad de una persona”.
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