Más de 350 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el penal El Milagro de Trujillo demandan al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte que atienda su pliego de reclamos. Su pedido se basa en que desde hace diez años no reciben aumentos salariales a pesar de los riesgos asociados a la vigilancia de reos de alta peligrosidad.
El secretario del Sindicato de Trabajadores del INPE, Juan Domingo, declaró este martes en Exitosa que cuatro agentes han perdido la vida hasta la fecha “por imponer el orden” dentro del establecimiento penitenciario. En una comunicación posterior con Infobae Perú, el ente penitenciario detalló que los decesos datan desde antes de pandemia y que ocurrieron fuera de la cárcel.
Domingo expuso los alcances de su reclamo y la paralización de sus jornadas laborales. Según su versión, el presidente del INPE, Javier Llaque, ya conoce las mejoras que exigen, pero estas aún no han sido tramitadas por razones desconocidas. Para ayer estaba programada una reunión en la que algunos congresistas solicitaron la presencia del presidente del INPE, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para establecer una mesa de diálogo. “Si hay una solución, levantaremos la huelga”, afirmó.
Trujillo, capital de La Libertad, se ha convertido en una de las ciudades con mayor índice de inseguridad en el país. Según cifras oficiales, solo el año pasado se reportaron más de 30 mil delitos, incluidos 11 mil robos y hurtos en toda la provincia. La huelga nacional de los trabajadores del INPE involucra a los 68 centros carcelarios, donde se han suspendido hasta nuevo aviso las visitas familiares y conyugales.
Además, solicitan la asignación de una bonificación del 15% de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) por trabajo multifuncional y en condiciones adversas para el personal bajo la Ley 276 y el pago de vacaciones truncas al personal de la Ley 29709 según su récord vacacional.
Hacinamiento
Según un informe del diario La República, la superpoblación del penal El Milagro alcanza el 300%. En la prisión están recluidos 5,489 internos, de los cuales 288 son extranjeros: 259 venezolanos, 26 colombianos y 3 ecuatorianos, mientras que la capacidad de albergue es de solo 1,800 internos. Además, el sistema de bloqueadores, diseñado para prevenir estas comunicaciones, se ha revelado vulnerable.
En junio pasado, 26 reos fueron trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad. Actualmente, está en proceso el traslado de 35 internos adicionales, de los cuales 13 partirán en los próximos días y el resto se reubicará una vez finalizados sus expedientes. La medida busca que los delincuentes sigan ejecutando extorsiones.
Por otro lado, se aprobó para declarar en emergencia al Sistema Penitenciario Nacional, por lo cual el Ministerio de Justicia podrá realizar Decreto de Urgencia con la finalidad que el MEF transfiera recursos para la elaboración de un expediente técnico.
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