La presidenta de la República, Dina Boluarte, junto a otras autoridades, habría sido denunciada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, por las muertes de 49 ciudadanos durante las protestas en contra de su gobierno, en los años 2022 y 2023.
Los responsables de elevar esta acusación a instancias jurisdiccionales internacionales son 16 peruanos, entre ellos, destacan los nombres de Marisol Pérez Tello, Mirtha Vásquez, Diego García Sayán y Walter Albán.
Precisamente, este último brindó declaraciones a Canal N para dar mayores detalles de la nueva denuncia que recae sobre los hombros de la jefa de Estado. Según explicó el extitular de la Defensoría del Pueblo, la Corte Penal Internacional solo asume los casos en los que se haya comprobado que no hubo justicia en el país en donde ocurrieron los hechos.
“Están cerrando todos los caminos institucionales para que podamos actuar contra este régimen autoritario y, en buena medida, mafioso que tiene el poder concentrado en el Congreso de la República, pero muy bien afiatado y complementado por el gobierno de Boluarte”, agregó.
En ese sentido, alabó que aún existan peruanos que intenten conseguir justicia pese a la “evidente” ineficacia de los organismos encargados de impartir justicia en el Perú. “Es muy importante que podamos todavía recurrir a estas instancias internacionales a las cuales tenemos derecho a presentarnos”, sostuvo.
“Los ciudadanos y ciudadanas en este país, que creemos en el Estado de Derecho, estamos obligados a tener por lo menos, lo que se diría, una actitud de resistencia. Y eso es lo que estamos haciendo, recurrir a todos los canales a los que jurídicamente son accesibles conforme a la Constitución y a los tratados internacionales que comprometen al Perú”, sentenció.
Respuesta legal de Dina Boluarte
El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, cuestionó esta denuncia y expresó que los 16 peruanos adscritos al documento solo han manifestado su intención de acusar a la mandataria, más no han oficializado ninguna medida legal.
“Esta denuncia es una más de las que se han presentado y han rechazado. Es un intento de mantener una situación apropósito de lo que ya archivó la Fiscalía de la Nación que es el delito de genocidio. Creo que ellos quieren mantener una situación a costa de lo que representa un costo desde un punto de vista jurídico. Están presentando una denuncia sabiendo que no lo es”, acotó.
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