La exministra de Justicia Delia Muñoz ha señalado la necesidad de que el Congreso de la República del Perú evalúe las acciones del defensor del Pueblo sobre su demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley de extinción de dominio para determinar si están incursos en causales de cese, según la ley orgánica. “Si el Congreso no actúa de oficio, cualquier ciudadano puede presentar un pedido de acusación constitucional contra Josué Gutiérrez”, afirmó en diálogo con Exitosa.
La norma que el defensor pide declarar inconstitucional regula la extinción de dominio de bienes relacionados con actividades ilícitas, permitiendo así que el Estado peruano los confisque de forma autónoma sin tener que esperar los resultados de procesos penales. La legislación vigente desde agosto de 2018, contemplada en el Decreto Legislativo 1373.
Muñoz explicó que el mencionado decreto establece un régimen especial y draconiano para la extinción de dominio, y permite al Estado confiscar cuentas bancarias y propiedades, de personas que se sospecha han cometido delitos graves como el narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, incluso sin una sentencia condenatoria previa. Según Muñoz, “la ley presume que dichos bienes provienen de actividades ilícitas y que nunca pertenecieron realmente a los acusados, sino al Estado”.
El Decreto Legislativo 1373 ha sido objeto de controversia desde su promulgación, con críticos que lo califican como cuestionable y discutible. Muñoz hizo énfasis en que “es un modelo que se viene utilizando como una herramienta contra la corrupción”. Sin embargo, la norma ha sido problemática, especialmente tras las modificaciones realizadas durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en 2018. Dichos cambios han generado discordia entre los investigados, dado que se han incautado bienes sin que se hayan presentado acusaciones formales ni se haya llevado a cabo un juicio oral.
Un vacío legal relevante es que en caso de que una persona sea posteriormente declarada inocente, el decreto no contempla la devolución de los bienes incautados, destacó Muñoz. Esta situación ha sido particularmente controversial, ya que los bienes pueden ser decomisados y subastados por el Estado aun cuando los procesos judiciales en contra de los acusados todavía no han concluido.
Sara Gutiérrez, la hermana del defensor, y su proceso de extinción de dominio
En respuesta a una solicitud de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Huánuco, el Poder Judicial ordenó la incautación preventiva de una motoniveladora propiedad de la empresa Multiservicios y Constructora JJJ Cruz E.I.R.L, cuyo valor asciende a S/823,218.
La representante legal de la empresa es Sara Gutiérrez Condor, hermana del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Según la información proporcionada, la División de Control Operativo - Grupo Operativo de la Intendencia de Aduanas Pucallpa (Sunat) fue la encargada de ejecutar la incautación.
En el momento de la intervención, se encontraba Lenin León conduciendo el vehículo en la Carretera Central, desde Huánuco hacia Lima, en el distrito de San Rafael, provincia de Ambo. La Fiscalía argumentó que el conductor carecía de los permisos necesarios para que la máquina circulara en esa área, lo que planteó la posibilidad de que la motoniveladora estuviera siendo utilizada en actividades relacionadas con el contrabando.
Después de la admisión de la demanda, se llevaron a cabo diversas audiencias, concluyendo con los alegatos finales el 26 de junio de 2024, y se está a la espera de la sentencia del juez de Extinción de Dominio de Huánuco, quien debe emitir su fallo en breve
Ante esta revelación, Josué Gutiérrez argumentó que desconocía la situación legal de su hermana y calificó el tema de “trivial”. Sin embargo, expertos advierten que podría ser investigado por los presuntos delitos de omisión, abuso de autoridad y patrocinio ilegal, además de enfrentar una posible denuncia en el Congreso por infracción a la Constitución. No obstante, este escenario se percibe como improbable dada la composición actual del Parlamento, que lo designó en el cargo.
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