El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que la mandataria Dina Boluarte no tiene ninguna injerencia en los procedimientos administrativos del sector público, incluyendo el caso del coronel Harvey Colchado.
“Quiero descartar de manera categórica su expresión en el sentido que los procedimientos administrativos y disciplinarios que se hayan podido haber iniciado institucionalmente contra la persona que se ha referido (Colchado), puedan constituir actos de represalia por parte de la presidenta de la República”, mencionó en conferencia de prensa.
Como se recuerda, Colchado, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), fue suspendido de su cargo y actualmente enfrenta un proceso de baja en el servicio por parte de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Adrianzén señaló que dicha suspensión y el proceso subsecuente corresponden a instancias propias de la PNP y no a directivas de la presidenta Boluarte. “En tanto, a mí me corresponde rechazar de forma categórica que la presidenta tenga que ver en algún acto concerniente a esta situación y menos que pueda constituir un acto de represalia de parte suya”, agregó.
En sus declaraciones, Adrianzén subrayó que es la PNP la que debe proporcionar explicaciones sobre las razones y conclusiones del proceso iniciado contra Colchado. “La Policía Nacional del Perú, a la que pertenece el coronel que usted ha mencionado, tendrá en algún momento que dar explicaciones de las razones por las que se inició este procedimiento y las conclusiones del mismo”, indicó.
Cabe mencionar que la orden difundida en distintos medios de comunicación no es directamente contra Colchado. El documento de la Inspectoría de la Policía solicitó a todas las unidades del país que envíen una relación de todo el personal de la Policía que está investigado por presunta infracción grave y muy grave.
“Los jefes de los órganos disciplinarios serán los únicos responsables del estricto acatamiento de las disposiciones consideradas en el presente documento, de cuyo incumplimiento y/ o falsedad se establecerán las medidas correspondientes”, menciona el texto.
Ello se suma a la resolución emitida en mayo, que concluye comenzar un proceso administrativo disciplinario contra el coronel Harvey Colchado por haber allanado el domicilio de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ubicado en Surquillo, el 29 de marzo del 2024 como parte de las pesquisas del sonado caso Rolex.
En la resolución se señala que Colchado, durante su liderazgo en la DIVIAC, autorizó, según el programa dominical Cuarto Poder, el uso de un ariete en una operación de allanamiento, pese a que este método no está contemplado en los instrumentos normativos de la PNP. Las imágenes de seguridad que fundamentaron esta acusación fueron obtenidas de un vídeo publicado en YouTube.
Sin embargo, la autorización judicial para el allanamiento indicaba que las acciones de los oficiales estaban alineadas con las circunstancias descritas, lo cual podría sugerir una aprobación implícita del procedimiento empleado. A pesar de esto, la Inspectoría General de la Policía ha determinado continuar con las investigaciones argumentando presuntas infracciones a la Ley 30714, que regula el régimen disciplinario de la policía.
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