Escándalo en la PNP: Una muerte por liposucción revela cirugías plásticas ilegales dentro del hospital policial

La muerte de una paciente que se sometió a una liposucción en la sala de cirugía plástica reconstructiva del Hospital Central de la Policía Nacional (PNP), que debería servir exclusivamente para intervenciones quirúrgicas a efectivos o familiares víctimas de atentados durante el cumplimiento de su deber, ha destapado un escándalo de intervenciones estéticas ilegales dentro del establecimiento institucional.

Según un informe difundido este domingo por Punto Final, la víctima era una madre de seis hijos sin vínculo con la PNP, pero que se registró en el nosocomio como conviviente del suboficial de primera Juan José Regalado, de 64 años, quien se retiró en 1994 y cuenta como casado con otra persona.

De acuerdo con documentos clasificados a los que Punto Final tuvo acceso, el nosocomio colocó como diagnóstico “lipodistrofia abdominal”, definida como cambios anormales en la distribución de la grasa corporal, un cuadro que los especialistas consideran ilógico.

La investigación, realizada por la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), reveló que este diagnóstico se colocó para presuntamente requerir que la paciente tuviera atención urgente. Sin embargo, los procedimientos registrados incluyen liposucción, lipoimplante y termolipo, tratamientos estéticos que no corresponden a una atención de urgencia médica.

Otros cinco médicos policías están involucrados, además del anestesiólogo Juan Campos Aguirre, quien no presta servicios para la PNP. La causa de la muerte de la paciente, según el informe, fue hemoperitoneo, estado posquirúrgico y laceración de la vena renal izquierda.

“¿Se está usando recurso público para realizar cirugías estéticas a personas ajenas a la institución? ¿Se ha convertido este hospital en un centro de cirugías plásticas de belleza? ¿Fue la primera vez que estos médicos practicaron una liposucción estética?”, formuló el dominical, que buscó a Prado Valenzuela en su domicilio y fue contactado finalmente por teléfono, pero se negó a declarar.

“No estoy pasando por un buen momento”, aseveró. Ninguna autoridad brindó descargos para el reportaje; sin embargo, un día después, la institución comunicó que la pesquisa es seguida por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cercado de Lima, Jesús María y Rímac.

Actualmente, la PNP se encuentra bajo la sombra de la corrupción debido a recientes escándalos que han implicado a varios de sus miembros. Según el Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional (INCO) 2024, la institución policial de Lima Metropolitana ocupa el primer lugar entre las entidades del Gobierno con mayor riesgo de corrupción, con un puntaje de 75.7.

Solo esta semana, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el suboficial Salomón Quispe Mamani, asesino confeso de una familia extranjera dentro de un bus interprovincial. El crimen ocurrió el último lunes a la altura del kilómetro 185 de la Panamericana Sur, en Chincha, cuando el agente abrió fuego contra tres pasajeros, dos de nacionalidad venezolana y uno, de dominicana.