El Poder Judicial ha programado para el próximo 15 de agosto una audiencia en la que se determinará la reparación civil que deberá afrontar la fiscal suprema Zoraida Ávalos. La importancia de esta audiencia radica en las acusaciones contra Ávalos por presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales, consideradas un agravio al Estado peruano.
La Procuraduría General del Estado ha solicitado que se determine el pago de una reparación civil de S/ 200,000 (dos cientos mil soles) como una compensación al Estado peruano. Esta cifra especificada se basa en los cargos que apuntan a que Ávalos no investigó adecuadamente al entonces presidente Pedro Castillo por presuntas irregularidades en su gestión.
Este caso llegó a su etapa actual cuando la Corte Suprema del Poder Judicial ratificó, en julio pasado, el archivo de la investigación contra la exfiscal. Sin embargo, la determinación sobre la reparación civil quedó pendiente en la resolución emitida por el máximo tribunal judicial del país. La audiencia prevista será un momento clave para aclarar esta responsabilidad económica.
El contexto del proceso remonta a la decisión de Ávalos de iniciar y luego suspender una serie de investigaciones contra Pedro Castillo. Cuando Castillo ocupaba el cargo de presidente de la República, surgieron sospechas sobre su presunta implicación en delitos contra la administración pública.
Zoraida Ávalos dispuso la investigación pero optó por suspenderla hasta que terminasen el mandato presidencial de Castillo. Esta acción ha sido la base de las críticas y acusaciones en su contra.
Diversos medios nacionales siguen de cerca este desarrollo judicial, dado que involucra a altos funcionarios y representa un caso emblemático de cómo se manejan las investigaciones sobre altos cargos en el Perú.
La actuación de la Procuraduría General ha sido contundente al solicitar una compensación millonaria argumentando el deber de la fiscal suprema de cumplir con sus funciones de manera eficaz y oportuna para salvaguardar los intereses del Estado.
La audiencia podría definir no solo el aspecto económico de la reparación sino también establecer precedentes sobre la rendición de cuentas por parte de los altos funcionarios en el sistema judicial peruano. Esta audiencia se realizará a las 11:30 horas de manera virtual a través de la plataforma Google Meet, tal como señala un reporte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
Pedro Castillo exige pensión vitalicia
Walter Ayala, el abogado que representa al expresidente Pedro Castillo, ha solicitado una vez más al Congreso que conceda a su cliente una pensión vitalicia. Este pedido se produjo después de que se conociera la resolución que otorga tal beneficio al también exmandatario Alberto Fujimori. Durante una conferencia de prensa, Ayala expresó su descontento con la decisión del Poder Legislativo de conceder la pensión a Fujimori, y anunció que basará su estrategia en la resolución que le otorgó el beneficio al líder fujimorista.
“Lo que haremos ahora es presentar nuevamente la solicitud de pensión, adjuntando esta jurisprudencia administrativa que se refiere a la resolución sobre Alberto Fujimori”, afirmó Ayala.
El abogado indicó que ambos casos no se han tratado de manera justa por el Congreso. Según Ayala, Pedro Castillo tiene los mismos derechos que Alberto Fujimori para recibir la pensión, basándose en los criterios aplicados por el Parlamento.
Además, mencionó que “el fundamento que en estos momentos tiene el Congreso es que la ley vulnera la presunción de inocencia, pero entonces, ¿por qué no se aplicó el mismo criterio para denegar la pensión al presidente Pedro Castillo?”.
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