La congresista Vivian Olivos, de Fuerza Popular, planteó que el Congreso de la República forme una comisión investigadora para indagar las prácticas colusorias de empresas farmacéuticas en los procesos de adquisición convocados por Ministerio de Salud y el Seguro Social, que se dio entre el 2006 y 2020.
“No cabe duda que probablemente estas prácticas han continuado estos años, es necesario que se investigue y el Congreso no debe retroceder en este fin. Es claro que estas empresas no solo han cometido irregulares en el proceso de compras de medicamentos, sino que han coordinado para lograr el desabastecimiento de medicamentos, que es algo grave”, manifestó la parlamentaria a Infobae Perú.
Para Olivos estas empresas, conocidas como ‘El cártel de laboratorios’, buscaría manejar a su antojo el sector salud, a través del desabastecimiento de medicinas a fin de presionar a los ministros, además de tener la capacidad de hasta lograr sacarlos de sus cargos.
“No sería novedoso que detrás de muchos gremios del sector salud se encuentren empresas que financian las campañas de estos dirigentes que solo tendrían intereses personales, que el de preocuparse por el bienestar del país y defender a los profesionales de la salud. Lamentablemente, hay mucha politización”, acotó la legisladora.

Asimismo, recordó que del grupo de 15 empresas que vienen siendo investigadas por la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi, 12 continúen siendo proveedoras del Estado. Como se recuerda, según informó Semana Económica, la investigación, que se remonta al año 2022, destapó una serie de irregularidades en los procesos de licitaciones estatales realizadas con reconocidos laboratorios para la adquisición de medicamentos destinados a hospitales y centros de salud en todo el país.
Entre los medicamentos involucrados se encuentran tratamientos para enfermedades oncológicas, inmunosupresores, y antianémicos, incluyendo el metotrexato, utilizado en el tratamiento de leucemias agudas, cáncer de cabeza y cuello, y el sulfato ferroso, suplemento de hierro. También se hallaron irregularidades relacionadas con antibióticos como la amoxicilina y la azitromicina, empleados en el tratamiento de diversas infecciones.
Indecopi sostiene que estas empresas farmacéuticas habrían llevado a cabo un pacto para manipular las licitaciones públicas. Según la entidad, operaban bajo un esquema predeterminado donde se seleccionaba de antemano a la empresa ganadora del contrato. Esta empresa presentaba una oferta cercana al valor referencial del concurso, mientras las demás competidoras aparentaban competir o simplemente no se presentaban.

Una fuente del medio en mención detalló que el supuesto acuerdo consistía en dividir el abastecimiento de los productos solicitados por la autoridad de salud. “Del petitorio de la autoridad de salud, un laboratorio se limitaba a abastecer el producto ABC; el otro hacía lo propio con el producto DEF. De ese modo, ya no competían entre ellos, sino que llegaban a acuerdos para abastecer al Estado”, explicó.
Lamentablemente, estos casos de colusión no son nuevos en el país, pero la magnitud y la sofisticación del esquema denunciado han captado la atención de múltiples sectores, incluyendo autoridades legislativas y organizaciones de la sociedad civil. La colusión comercial es una práctica que no solo afecta la competencia, sino que también tiene profundas implicaciones sobre la calidad de los servicios de salud y el acceso a medicamentos para la población.
El impacto de estas irregularidades no solo se siente a nivel macroeconómico, sino también en el día a día de los pacientes que dependen de estos medicamentos. La falta de competencia puede resultar en menores incentivos para la innovación y la mejora de los productos, además de precios más altos y disponibilidad limitada de los tratamientos más efectivos.
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