La defensa de la genetista y bióloga Antonietta Gutiérrez Rosati, implicada en el juicio por lavado de activos junto con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció este lunes que requerirá una reparación civil al considerar que el proceso iniciado hace siete años ha perjudicado su imagen y prestigio, además de generar un “daño emocional y deterioro físico”.
“En su oportunidad, solicitaremos el pago de una reparación económica por el daño personal y familiar que ha ocasionado una investigación ilógica y el juicio erróneo al que se le somete en el ‘caso Cócteles’”, anunció el abogado de la extesorera de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado.
Gutiérrez Rosati, quien enfrenta un pedido de 22 años y diez meses de cárcel, es especialista en biología y catedrática de la Universidad Agraria La Molina. En 2009, se afilió a Fuerza 2011 y asumió la organización del área de tesorería del partido. Su defensa argumenta que, al desempeñarse en ese puesto, implementó un software para el control de ingresos y gastos y abrió dos cuentas bancarias del partido con fondos que fueron declarados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La Fiscalía, sin embargo, imputa a la científica como “cómplice primaria” del delito de lavado de activos por participar en la modalidad de conversión, suscribir la información en los formatos de ingresos y gastos para la rendición del año 2011, y realizar depósitos por $314,508 y S/57,000 en nombre del partido Fuerza 2011, así como por ser “autora material” de la contratación de servicios de publicidad por una suma de 56,608 soles.
“Este proceso penal ha construido una imputación totalmente ilógica y cerrada ante las evidencias objetivas de la imposibilidad legal y material de haber cometido un ilícito penal. Por ello, no aceptamos los cargos imputados ni la reparación civil, que incluso no repara en el ámbito restringido de su supuesta actuación, es decir, la campaña 2011 y más restringido aún su periodo como tesorera oficializada en febrero de 2011″, alegó.
El abogado no precisó si la demanda estará dirigida contra el Estado, el fiscal del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, o algún juez del Poder Judicial. Según La República, esta es la primera defensa que deja abierta la posibilidad de una demanda de resarcimiento económico por el presunto abuso del Ministerio Público o error del Poder Judicial al realizar y convalidar la investigación y el juicio público.
En marzo de 2021, tras más de dos años de investigación, la Fiscalía presentó cargos por crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Esta acusación incluye también a Fuerza Popular y a la empresa MVV Bienes Raíces SAC, que eventualmente serán disueltas y liquidadas en caso de obtener una sentencia condenatoria.
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