
El Ministerio Público ha iniciado una investigación preparatoria contra 17 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), en relación a la muerte de dos personas durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte, que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en el distrito de Chao, provincia de Virú, región La Libertad.
El Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las protestas sociales sostiene que hubo alevosía en las muertes de Carlos Huamán Cabrera y Nixosn Sánchez Huaynacari, y ahora deberá determinarse quiénes son los responsables de estos acontecimientos, tal como detalló la agencia Andina.
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Según la disposición emitida por la fiscal Mirela Coronel, se ha ordenado una investigación contra diversos agentes policiales. Entre ellos están Raúl Enrique Alfaro Alvarado, ex comandante general de la Policía Nacional del Perú; Augusto Javier Ríos Tiravanti, ex director de la III Macro Región Policial; Walter Octavio Calla Delgado, ex jefe de la Región Policial La Libertad; Jorge Luis Risco Torres, ex jefe de la Divopus Trujillo; y Juan Pablo Konja Carreño, ex jefe operativo de la comisaría sectorial CIA Virú.
También se incluye a César Augusto Portales Reaño, ex comisario de Chao; Juan Manuel Linares Gonzales, ex jefe de la USE Trujillo; Brish Reyner Gamero Vizcardo, miembro de la USE Trujillo; y el teniente PNP Erick Huber Villavicencio Evangelista, también de la USE Trujillo.
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Es importante mencionar que cuatro suboficiales y un oficial de la PNP, que prestaban servicio en la comisaría rural de Chao, están bajo investigación como presuntos autores directos del delito de homicidio calificado contra Huamán Cabrera y Sánchez Huaynacari, de acuerdo con el artículo 108, inciso 3, del Código Penal.
Protestas contra Dina Boluarte fueron violentas
Las protestas, registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023, se caracterizaron por episodios de violencia. Por ejemplo, el 11 y 12 de diciembre de 2022, los manifestantes bloquearon varios tramos de la Panamericana Norte en la provincia de Virú, impidiendo incluso el paso de ambulancias y otras unidades de emergencia.
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Uno de los puntos más críticos fue la zona de San José, en el distrito de Chao, donde más de 500 personas bloquearon la vía con palos y piedras. Ante la ausencia de la policía, pasajeros de buses interprovinciales y conductores intentaron enfrentar a los manifestantes para pedir que liberaran la carretera. Niños, mujeres gestantes y adultos mayores fueron los más afectados por esta situación.
Asimismo, se registraron asaltos a pasajeros y ataques a periodistas, lo que llevó a representantes de la Oficina Defensorial de La Libertad a intentar, sin éxito, persuadir a los manifestantes para que desistieran de la protesta y permitieran el paso de los vehículos y pasajeros.
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El 12 de diciembre, grupos de vándalos atacaron tres ambulancias del Servicio de Asistencia Médicas de Urgencia (SAMU) que intentaban pasar por los bloqueos en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Chao, en la provincia de Virú. El conductor de una de las unidades fue amenazado con un arma de fuego.

La investigación del Ministerio Público se centrará en esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los policías implicados en las muertes de Carlos Huamán Cabrera y Nixosn Sánchez Huaynacari, buscando justicia para las víctimas y sus familias.
PCM deberá entregar planes operativos contra protestas
El Poder Judicial ha ordenado a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio del Interior (Mininter) y al Ministerio de Defensa (Mindef) la entrega de los planes operativos relacionados con el control de las protestas antigubernamentales en nueve departamentos durante 2022 y 2023. Esta decisión, tomada el viernes 28 de junio, fue comunicada por la Sala Penal Permanente, dirigida por el juez supremo César San Martín, según lo anunciado en un comunicado oficial difundido en redes sociales.
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La resolución judicial declara infundadas las apelaciones presentadas por los organismos implicados en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y el ex primer ministro Alberto Otárola. También se investiga a los exministros del Interior Víctor Eduardo Rojas Herrera, César Augusto Cervantes Cárdenas y Vicente Romero Fernández; y al exministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta.
Además, la investigación incluye al ex titular de la PCM, Pedro Miguel Angulo Arana, por su presunta implicación en delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en agravio de la sociedad y otras personas.
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