Dina Boluarte no promulga ley contra llamadas spam: Gobierno volvió a observar norma que las prohibía

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte volvió a observar la autógrafa de la ley que prohibía que las empresas realicen llamadas y mensajes spam a los usuarios, a excepción de aquellos por iniciativa propia solicitan recibir dicha información.

Según el Ejecutivo, se estaría eliminando la posibilidad de que la empresa haga “un primer contacto (al usuario) con la finalidad de obtener el consentimiento”.

Para el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto, la observación hecha por el Gobierno es “absurda”.

El acciopopulista adelantó que se desestimarán los comentarios del Gobierno y se buscará la aprobación de la norma por insistencia.

Esta es la tercera vez que el Gobierno de Boluarte observa la norma que prohibía que call centers llamen o envíen mensajes a los usuarios ofreciendo servicios o productos sin el conocimiento expreso de ellos. La primera vez fue en abril de 2023, mientras que la segunda ocasión fue en octubre del mismo año.

En caso de que el Parlamento rechace los comentarios del Ejecutivo y apruebe por insistencia la norma, la ley será promulgada directamente por el presidente del Congreso, Alejandro Soto.

La ley antispam

En junio de este año, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley para combatir las llamadas y mensajes spam. La votación fue unánime y busca proteger la privacidad de los usuarios. La normativa prohíbe a las empresas contactar a los consumidores sin su consentimiento explícito. Las sanciones pueden llegar hasta 450 unidades impositivas tributarias, aproximándose a los 2 millones 317 mil soles.

Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, enfatizó la necesidad de esta legislación. Señaló que las prácticas intrusivas de las empresas afectan negativamente a los usuarios. El proyecto de ley permitirá a los consumidores eliminar sus datos de las bases de datos comerciales y reportar infracciones a Indecopi.

José Antonio Chauca, abogado en derecho comercial, explicó a El Comercio que la ley tardará hasta seis meses en ser implementada, dependiendo del proceso legislativo y administrativo. Chauca agregó que los usuarios tienen el derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales de las empresas que realizan marketing no solicitado.

No obstante, la Asociación Peruana de Experiencia al Cliente (Apexo) señaló posibles impactos negativos en la industria de los centros de contacto (call centers). Apexo advirtió que las restricciones pueden dejar a más de 20 mil personas sin empleo, incluidos jóvenes y madres solteras. La asociación sugiere equilibrar la protección del consumidor con la necesidad de mantener el empleo.