Sintonizando el sistema con la investigación en las universidades públicas y privadas

Han pasado casi 18 años desde que se implementó el Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT), hecho que se considera un hito, ya que, de manera programática y estructurada, se vio una apuesta del país por fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación. Tras eso, se dio un incremento importante de nuevos fondos procedentes de la cooperación internacional, principalmente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. También se emitieron arreglos normativos para que los fondos procedentes del canon puedan destinarse a la inversión en investigación científica y tecnológica.

Ciertamente, estos fondos han ayudado a incrementar la investigación en el país; sin embargo, de acuerdo con las cifras de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, aún estamos por debajo de países como Argentina, donde en 2021 el gasto en investigación y desarrollo representó el 0,52 % del PBI, frente al 0,14 % de Perú.

Pese al importante esfuerzo por obtener más recursos para la investigación, aún está pendiente modernizar el sistema a fin de facilitar el desarrollo de la misma. Para hacerlo, se debe empezar por reconocer que en nuestro país hay investigadores de alto nivel que son altamente competitivos para la captación de fondos internacionales; sin embargo, las condiciones que encuentran en el país para hacer investigación no son las mismas que en países que están a la vanguardia del desarrollo.

Entonces, ¿qué podríamos hacer para facilitar la investigación? Un conjunto de medidas debería apuntar a que el sistema se sintonice con las prácticas de investigación de las universidades privadas y las universidades públicas, dada su propia naturaleza.

Cuando una universidad privada ejecuta un proyecto de investigación, por ley, el personal del proyecto debe encontrarse en planilla y, por tanto, se deberá considerar cubrir sus beneficios sociales y tomar las previsiones económicas cuando, luego de cinco años, pasen a una condición de permanente.

Contrario a los fondos internacionales, los fondos nacionales no permiten cubrir los beneficios sociales del personal que, por ley, se deben considerar al recibir el financiamiento por el proyecto. Ello significa un sobrecosto para las universidades privadas, pues deben considerar recursos propios para cubrir dichos beneficios. Adicionalmente, al concluir un proyecto de investigación y no conseguir otro que remunere al equipo, es la universidad la que asume los costos adicionales del personal en caso de liquidación. Las universidades privadas más afectadas por esta situación serían aquellas sin fines de lucro (asociativas), como la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, las cuales suelen encabezar los rankings de universidades. Por tanto, se requiere evaluar dar tratamiento diferenciado a las universidades cuando se trata de proyectos de investigación.

Los fondos nacionales tampoco contemplan la posibilidad de cubrir los costos indirectos derivados de la ejecución de proyectos de investigación, los cuales, por tanto, deberán ser cubiertos por la universidad. Estos costos corresponden a las operaciones generales que dan soporte a la investigación, tales como servicios administrativos, servicios generales, seguimiento financiero, mantenimiento de bases de datos, etc. En otros países, como EE. UU., el overhead puede superar el 40 %, por lo cual, en términos económicos, resulta rentable a las universidades captar mayores fondos para la investigación.

En cuanto a las universidades públicas, se les suele aplicar normas generales como a cualquier entidad pública sin considerar que cumplen actividades diferentes. Sus docentes investigadores tienen obstáculos en acceder a sueldos internacionalmente competitivos, pues existen restricciones normativas y limitaciones en los incentivos que suelen dar los fondos nacionales. Otro de los grandes cuellos de botella es que el sistema interno de contratación no discrimina entre, por ejemplo, compras de papel y compras de reactivos para ensayos de laboratorio. El problema adquiere mayor alcance cuando se busca comprar equipamiento para la investigación, pues las normas están hechas de tal forma que se debe comprar un equipo caro a un proveedor nacional en lugar de importar el mismo equipo a un menor precio.

Si bien la agenda para facilitar la investigación en el país es más extensa y posiblemente más compleja, abordar estas situaciones puede ser un buen comienzo. No se requieren mayores cambios normativos y ya existe un mejor entendimiento sobre la importancia de la I+D+i. Busquemos esa sintonía del sistema para con la investigación.