El Tribunal Constitucional rechazó el habeas corpus presentado a favor del expresidente Pedro Castillo con el que se buscaba su inmediata libertad, la reposición en el cargo de jefe de Estado y la anulación de los procesos penales en su contra.
Además de esos pedidos, los abogados que presentaron el habeas corpus solicitaban que se denuncia por la presunta comisión de delitos a la presidenta Dina Boluarte, el juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, el expresidente del Congreso José Williams, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Los letrados denunciaron una supuesta vulneración a los “derechos a la libertad y seguridad personales, al debido proceso, al juez imparcial, a la debida motivación de resoluciones judiciales, a la vida, a la identidad, a la integridad moral, psíquica y física, al libre desarrollo y bienestar, a la integridad personal y a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes, ni violentado para obtener declaraciones; así como del principio de legalidad”.
No obstante, el Tribunal Constitucional, por mayoría, determinó que “no le corresponde a la judicatura constitucional (...) reponer al favorecido en su cargo de presidente de la República, ni que se dejen sin efecto los procesos penales seguidos en su contra”. Dicha decisión fue suscrita por los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, Manuel Monteagudo Váldez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.
Emitió un voto singular el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, quien abogó por una audiencia pública previa a la declaración de improcedencia, considerando los cuestionamientos de relevancia constitucional relacionados con la detención arbitraria y la falta de debido proceso.
Por su parte, el magistrado Ochoa Cardich emitió un fundamento de voto en el que recuerda que el Tribunal Constitucional ya había establecido las implicancias jurídicas del mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, calificándolo como un golpe de estado.
Piden ampliar plazo de prisión preventiva
El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que extienda a 18 meses la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo. Esta petición es parte del proceso penal relacionado con el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos presentó el recurso ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien previamente había fijado la extensión en 14 meses el pasado 7 de junio.
La defensa de Pedro Castillo también ha apelado, buscando anular la medida. La actual prisión preventiva tiene una fecha de conclusión establecida para el 6 de agosto de 2025. El abogado de Castillo argumenta que la fiscalía ha introducido hechos no planteados inicialmente, solicitando que se revoque la ampliación.
Estas apelaciones fueron admitidas el 18 de junio por el juez Juan Carlos Checkley y serán remitidas a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esta instancia evaluará su admisibilidad y, de ser aceptadas, convocará a una audiencia virtual para revisar los argumentos de ambas partes.
En referencia al proceso judicial en curso, Pedro Castillo está detenido en el establecimiento penitenciario de Barbadillo en Ate. La decisión de prorrogar la prisión preventiva se debe a un peligro de fuga, según indicó la Fiscalía de la Nación, señalando visitas frecuentes de congresistas al penal y la situación de su familia asilada en México.
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