
La Fiscalía de la Nación ha consignado entre su material probatorio por la investigación que se sigue en su contra en el marco del caso en el que se le acusa de haber usado a sus trabajadores para impulsar su partido; los intentos del congresista acciopopulista Darwin Espinoza por borrar evidencia de las computadoras de su despacho. Como se sabe, el legislador enfrenta serias acusaciones de presunto peculado y uso irregular de recursos del Congreso; y en el transcurso de los últimos días un testigo protegido ha decidido responder ante el Ministerio Público, develando una serie de acciones que podrían revelar intentos de obstrucción al desarrollo de las investigaciones.
Este proceso de investigación comenzó el 15 de abril tras la publicación de un reportaje en el programa dominical Punto Final, que sacó a la luz posibles irregularidades en la gestión de Espinoza; y como resultado, se dispuso la intervención de espacios del Congreso bajo la jurisdicción del legislador. No obstante, imprecisiones en la resolución generaron que las diligencias se retrasaran.
Ahora, un testigo protegido a cuyas declaraciones el medio El Comercio tuvo acceso, ha resultado ser una pieza clave en el desarrollo de la investigación, pues, según su testimonio, el congresista habría ordenado a sus empleados borrar información comprometedora de sus computadoras. Según las declaraciones de este testigo, dos empleados de su despacho buscaron la ayuda de un técnico en la conocida zona comercial de Wilson, en el centro de Lima, para infectar los equipos con virus que impidieran la identificación de archivos.
Los intentos de Espinoza por eliminar datos de computadoras en su despacho

Esta operación, sin embargo, no se concretó debido a la desconfianza manifestada por el asesor Darwin Ramírez Vargas. Según las declaraciones recabadas por el EFICCOP, tanto Darwin Ramírez Vargas como Kevin Haro Rodríguez, técnico del despacho, se desplazaron a Wilson con la intención de ejecutar las órdenes de Espinoza. Pese a esto, el plan fue abortado y no se llevó a cabo como se había previsto originalmente.
La situación se complicó aún más cuando el 29 de mayo la Fiscalía intentó realizar una diligencia en el despacho de Espinoza. Esta diligencia no pudo concretarse, ya que el congresista, al ser consultado telefónicamente, preguntó si existía una orden judicial y colgó cuando se le explicó que la medida provenía del Fiscal de la Nación.
La preocupación por eliminar información continuó posteriormente. El 30 de mayo de 2024, se buscaron nuevamente asesorías para borrar datos. En esta ocasión, dos empleados, con la asistencia de Kevin Haro, fueron asignados para llevar a cabo esta tarea. Según el testimonio del mismo testigo protegido, tras la visita de la Fiscalía, el asesor Darwin Ramírez tomó medidas adicionales para asegurarse de que los datos fueran eliminados y para sustituir la impresora del despacho.
Acciones denunciadas por el testigo protegido podrían ser agravantes

Finalmente, el 3 de junio, el Ministerio Público regresó al despacho de Espinoza con una resolución judicial para la exhibición forzosa de equipos. Esta medida, fundamentada en la declaración del testigo protegido, tenía como objetivo identificar las computadoras e impresoras asignadas a Espinoza. La Fiscalía argumentó que dicha medida era proporcional dado que se trataba de bienes públicos.
Cabe destacar que, si bien las acciones de encubrimiento son meritorias de investigación y de corroborarse podrían ser una agravante; el caso central sobre el que Espinoza habría intentado ejercer medidas de obstrucción está relacionado con la denuncia de que el congresista habría utilizado recursos del Congreso para impulsar la inscripción del movimiento ‘Adelante Áncash’. Espinoza ha negado enfáticamente haber empleado recursos del Congreso para fines proselitistas y ha manifestado estar dispuesto a colaborar con las pesquisas del Ministerio Público.
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