Indignación en Piura: General PNP reclama al Poder Judicial por la liberación de más de 400 presuntos delincuentes

Visiblemente indignado, el Jefe de la región policial de Piura, el General PNP Manuel Farías Zapata, denunció la liberación de 430 presuntos delincuentes por parte de los operadores de justicia en su jurisdicción y reconoció que, pese a que la Policía Nacional del Perú (PNP) realiza su trabajo al detener a presuntos criminales, estos regresan a las calles a delinquir.

En una conferencia de prensa, el representante de la Policía indicó que el trabajo que realizan los agentes de la PNP es perjudicado por la decisión de los integrantes del sistema de justicia, quienes finalmente deciden poner en libertad a estos delincuentes, que son capturados en varias oportunidades.

La autoridad policial también hizo un pedido público a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para que permita a los agentes de la Policía Nacional tener acceso a las más de 526 armas recuperadas en intervenciones.

“Hemos solicitado a la Sucamec que esas armas que han sido utilizadas para el delito, sean también utilizadas para la seguridad y que se nos dé en donación para poder utilizarlas”, indicó en contacto con la prensa.

Además, el General Farías indicó a la ciudadanía que pese a la situación adversa, la Policía sigue haciendo su trabajo y que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida. “Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero la percepción (de inseguridad) continúa. La victimización continua. Entonces no es responsabilidad de la Policía, es la responsabilidad de todos”, afirmó.

Proponen ley que sanciona a jueces y fiscales que liberen a delincuentes

En este contexto, durante los primeros días de junio, se presentó un proyecto de ley en el Congreso en el que se modifican las leyes de la carrera fiscal y de la carrera judicial para que jueces como fiscales que liberen a presuntos criminales enfrenten sanciones severas que pueden incluso llegar a la destitución.

La iniciativa provino del despacho de la parlamentaria de Perú Libre, Katy Ugarte bajo el nombre “Ley que sanciona los errores judiciales y fiscales”. El documento indica que se busca incluir una nueva ‘falta muy grave’ tanto para jueces como fiscales, y su finalidad es “lograr investigaciones efectivas por parte del Ministerio Público, y sanciones razonables para los delincuentes por parte del Poder Judicial”.

Según la ley actual, las instancias encargadas de aplicar las sanciones a jueces y a los fiscales acusados de realizar estos actos “por vicios en la motivación” serían: la Junta Nacional de Justicia (o posiblemente la Escuela Nacional de la Magistratura si se aprueba esta iniciativa en el Congreso), la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, o la Autoridad Nacional del Ministerio Público.

La congresista de Perú Libre citó declaraciones brindadas por el presidente del Poder Judicial, quien en marzo de este año indicó que “Los jueces y fiscales son independientes, pero tienen que responder por eso (liberación irregular de criminales). Tiene que haber una figura penal que inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a los delincuentes que solo hacen daño a este país”.

Esta declaración se produjo no solo en un contexto —que se mantiene hasta la actualidad— en el que la inseguridad ciudadana amenaza constantemente a los peruanos, sino que además una encuesta de Datum publicada ese mes indicó que el 85 % de los peruanos no confía en el Poder Judicial ni en la fiscalía. El estudio señaló que la opinión de la ciudadanía es que ambas instituciones son “corruptas”.