Ley 31826: Cerca de 45 mil policías en retiro podrían quedar fuera de la devolución de aportes

Desde la promulgación de la Ley 31826 el 12 de julio de 2023, el personal militar y policial en retiro esperaba con ansias la devolución de los aportes descontados para el Fondo de Vivienda Militar y Policial (Fovipol). Sin embargo, la falta de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo ha generado un clima de incertidumbre y frustración entre los uniformados que, tras años de servicio, aún no pueden acceder a estos recursos.

La norma, publicada por insistencia del Congreso en el diario oficial El Peruano, estableció un plazo máximo de 60 días para que el Poder Ejecutivo, con el refrendo del Ministerio de Defensa y del sector Interior, presentara el reglamento correspondiente. Pese a esto, a casi un año de su promulgación, dicho reglamento aún no fue presentado, dejando a miles de militares y policías en el limbo.

“Nos sentimos traicionados,” expresó Elena Muñoz, vocera de Policías en Retiro, en una entrevista con Exitosa. “La ley es clara, pero ahora nos dicen que no nos devolverán los aportes porque la ley no es retroactiva. Esto significa que solo aquellos que pasen a retiro después de la vigencia de la ley podrán solicitar la devolución. Somos alrededor de 45 mil policías en retiro que hemos dado nuestra juventud por el país, y ahora nos dejan fuera”, expresó.

Hugo Santos Gálvez, otro vocero de Policías en Retiro, declaró que la Ley 31826 representó inicialmente una esperanza, similar a la devolución de aportes en otros casos como el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

“Pero ahora nos encontramos con informes de la Contraloría que revelan corrupción dentro del Fovipol. Están haciendo lo que quieren con nuestro dinero y lo están reduciendo de manera injustificada. He visto casos donde policías han aportado durante 30 años y ahora les dicen que su fondo significativamente, hay efectivos que hace cinco años decía 30 mil soles. Ahora luego reportado salió 21 mil soles”, manifestó.

La ley en cuestión establece que el personal militar y policial pensionable, al pasar a retiro sin haber sido beneficiado por el Fovipol, puede solicitar la devolución total de sus aportes, junto con los intereses generados. Los aportes consisten en un 3% de la remuneración consolidada del personal y un 2% como aporte del Estado. Sin embargo, aquellos que ya se encuentran en retiro antes de la promulgación de la ley no están incluidos en este beneficio, según la interpretación actual de las autoridades.

Felix Contreras, otro vocero de policías en retiro, criticó la interpretación de la ley. “Es claro que el término ‘pensionable’ se refiere a aquellos en situación de retiro. La ley dice que pueden solicitar la devolución, pero ahora nos dicen que solo aplica para los que se retiren después de la promulgación. Esto no tiene sentido y deja a muchos de nosotros fuera.”

El congresista Alfredo Azurín también fue señalado por su supuesta negligencia en el seguimiento de la reglamentación de esta ley. “El artículo 22 de la Ley 31826 necesita ser modificado para incluir a todos los socios desde el primer día en que fueron descontados. Esta es una cuestión de justicia y de reconocimiento al sacrificio de nuestros militares y policías,” afirmó Contreras.

La frustración llevó a varias manifestaciones frente a las oficinas del Congreso y otras instituciones del Estado. Los uniformados retirados exigen que sus demandas sean escuchadas y que se tome acción inmediata para corregir lo que consideran una injusticia flagrante. “No estamos pidiendo nada que no sea nuestro derecho. Estos aportes salieron de nuestros sueldos y es nuestro dinero,” subrayó Muñoz.

Un proyecto de ley más claro será presentado recientemente, pero los policías en retiro temen que la espera se prolongue aún más, hasta siete años. “Estamos hablando de personas mayores que han dedicado sus vidas al servicio del país. Cada día de retraso es una carga adicional para ellos,” comentó Gálvez.

El descontento también ha llegado a las viudas de los policías fallecidos, especialmente aquellos que perdieron la vida durante la pandemia. “Ellas también fueron aportantes al Fovipol y ahora se les niega este beneficio. Es una situación insostenible,” añadió Muñoz.