Un nuevo escándalo surge tras revelarse que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha contratado en el área de inteligencia de la PCM a un funcionario que en la actualidad se encuentra investigado por el delito de concusión y para quien la Fiscalía de la Nación pide un total de 10 años de cárcel. El funcionario es Iván Kamisaki, quien desde marzo de este año, volvió a trabajar en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) e incluso, mantiene reuniones constantes con Boluarte Zegarra en el Palacio de Gobierno.
La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) reinstauró su relación laboral con Kamisaki en marzo de 2024, mediante la resolución directoral interna 046-2024-DINI-01. Esta resolución fue clasificada como reservada tras una solicitud de información realizada por el programa Punto Final. Pese a ello, se pudo conocer que Kamisaki, cumple la labor de jefe de Gabinete de Asesores, nivel D3, en una institución en la que ya había laborado antes, durante el Gobierno de Ollanta Humala, en el que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, también era un funcionario.
La noticia de su nombramiento se pudo conocer luego de que la Contraloría General de la República publicara, en cumplimiento de la ley de transparencia, su declaración jurada de intereses al asumir el cargo. De hecho, en dicha declaración fue el mismo funcionario quien detalló estar sujeto a las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur por sus acciones como funcionario durante la gestión de Humala, en donde ocupo el cargo de segundo al mando en la DINI.
Iván Kamisaki, el agente de la DINI que se reúne con Dina Boluarte
No obstante, pese a las acusaciones que enfrenta, el funcionario ha tenido un papel activo en la gestión de la presidenta Dina Boluarte, especialmente durante momentos críticos. El 3 de abril, en pleno desarrollo de la investigación del caso Rolex, Kamisaki se reunió con la mandataria y el director nacional de Inteligencia, Luis Máximo García Barrionuevo. Al día siguiente, la presidenta debía comparecer ante la Fiscalía de la Nación por el mismo caso.
Dos semanas después, el 15 de abril, volvieron a encontrarse por casi tres horas en un día crucial para la presidenta, quien acababa de recibir los resultados de una encuesta de la empresa DATUM. Esta encuesta mostraba que apenas el 7% de la población aprobaba su gestión.
La última reunión documentada tuvo lugar este 31 de mayo, fecha del cumpleaños de la mandataria, en donde también estaba presente Julio Demartini, ministro de Desarrollo e Inclusión Social, y uno de los funcionarios más cercanos a la jefa de Estado.
Pese a los cuestionamientos y acorde a su constante presencia en el Palacio, la Presidencia del Consejo de Ministros ha defendido la designación de Kamisaki, argumentando que se realizó bajo la “presunción de inocencia” y debido a su “reconocida experiencia” en temas de seguridad nacional. Sin embargo, la DINI ha optado por no responder sobre el funcionamiento actual de los equipos del Proyecto Pisco, calificando esta información como clasificada.
Las imputaciones contra Iván Kamisaki
Específicamente, está acusado de colusión agravada en relación con la adquisición del Proyecto Pisco, un sistema de interceptación de comunicaciones que tuvo un costo para el estado peruano de más de 21 millones de dólares; en el que, según el fiscal Hugo Minaya, Kamisaki actuó como cómplice primario en una trama de corrupción que también implica al expresidente Humala y a Shafrir Paz, representante de la empresa israelí Very Systems Ltd.
Las pesquisas en su contra se centran en la presunta colusión para defraudar al estado mediante la adjudicación corrupta de contratos públicos. Según el expediente, Kamisaki, en complicidad con los otros altos funcionarios implicados, habría facilitado la adquisición del sistema de interceptación de comunicaciones a través de medios fraudulentos.
Según el Ministerio Público, Kamisaki utilizó su posición dentro de la DINI para favorecer a Very Systems Ltd. Este sistema, que costó al estado peruano más de 21 millones de dólares, supuestamente fue adquirido sin cumplir con los procedimientos de transparencia y competencia establecidos por la ley.
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