La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las constantes interferencias del Congreso en el funcionamiento de otros organismos del Estado, como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Fiscalía de la Nación y las otras entidades electorales.
El organismo instó al Estado peruano a respetar la independencia del sistema de justicia, del sistema electoral y de los derechos humanos, que “fortalecen la democracia”.
En este punto, la Comisión hace mención de las acciones iniciadas desde el Parlamento contra los consejeros de la JNJ, que acabó en las arbitrarias inhabilitaciones de Inés Tello y Aldo Vásquez; la acusación constitucional e inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos; las hasta 10 denuncias constitucionales que se han formulado contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, con “señalamientos de motivaciones políticas y la falta de una base legal para su sustanciación”; y las denuncias constitucionales contra la fiscal suprema Delia Espinoza por investigar la presunta organización criminal que lideraría Patricia Benavides.
Por ello, la CIDH exhorta al Estado peruano a “demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos”, adoptando “medidas urgentes” para el “fortalecimiento del Estado de derecho”. Ello incluye “el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos del poder público, así como las garantías para la independencia de personas operadoras de justicia”.
De igual manera, la Comisión hace un llamado urgente al Congreso para que cese en el “uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria”, es decir, de las acusaciones constitucionales e inhabilitaciones sin fundamentos.
También se insta al Poder Legislativo a no aprobar reformas constitucionales que “amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales”. Ello en referencia al proyecto que elimina la JNJ y delega en el Senado la facultad de elegir a los jefes de la ONPE y del Reniec.
La respuesta del Estado peruano
Antes de que la CIDH publique un pronunciamiento, envía el proyecto del mismo al Estado peruano, a fin de que brinde los comentarios pertinentes.
En este caso, el Estado peruano, a través del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, le aseguró a la Comisión que la “mayoría” de procedimientos del Congreso para inhabilitar a altos funcionarios “han resultado en archivo”, mientras que los que efectivamente han sido inhabilitados “pueden acudir al Poder Judicial o Tribunal Constitucional con garantías del debido proceso”.
El Estado peruano también dijo que la “correcta actuación” de las diferentes entidades “está garantizada por mecanismos de control y balance”. Esta afirmación no evitó que la CIDH haga las exhortaciones correspondientes.
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