Sedapal aclara que no modificará la tarifa de agua en Lima y Callao

El gerente general de Sedapal, Julio César de la Rocha Corzo, manifestó hoy en una conferencia de prensa que la institución no tiene proyectado modificar las tarifas de agua en Lima y Callao. Esta aclaración surge luego de declaraciones confusas del superintendente de Saneamiento, Mauro Gutiérrez Martínez, quien erróneamente anunció un incremento en las tarifas.

La conferencia de prensa organizada por Sedapal tuvo lugar para clarificar la situación tras la controversia generada. De la Rocha Corzo enfatizó que Sedapal no regula las tarifas, sino que su responsabilidad principal es asegurar la calidad del servicio. “Nosotros no tenemos ninguna planificación de modificación alguna en nuestras tarifas. El ente regulador (Sunass) es el único responsable de mover tarifas”, afirmó.

El motivo del malentendido, indicó de la Rocha Corzo, fue la incorrecta información difundida por Gutiérrez Martínez. Este último comentó que la tarifa del servicio de agua potable se duplicaría en Lima, lo cual no se ajusta a la verdad. “Hay una tergiversación complicada y no podemos soslayarla”, añadió.

En su intervención, de la Rocha Corzo subrayó que la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) es la entidad competente para regular tarifas y precios de agua, no Sedapal. “Sunass es quien puede determinar cambios en las tarifas, no nosotros. Nuestra labor es velar por la calidad y eficiencia del servicio proporcionado en Lima y Callao”, declaró.

En la misma conferencia, el gerente general de Sedapal estuvo acompañado por el gerente de Desarrollo e Investigación, Humberto Reyes Rocha, y el jefe de Planeamiento Financiero, Percy Echave Zevallos.

La confusión respecto a las tarifas de agua ha generado preocupación en la población de Lima y Callao. Sin embargo, Sedapal reafirma que no hay planeado ningún ajuste tarifario. En este contexto, de la Rocha Corzo puntualizó que “la información ha sido malinterpretada y debe ser clarificada para evitar desinformaciones que alarmen a la ciudadanía”.

Por otro lado, de la Rocha Corzo mencionó la importancia del ente regulador Sunass en este proceso y cómo deben canalizarse correctamente las informaciones sobre tarifas. Según explicó, cualquier modificación debe pasar por una serie de estudios y evaluaciones que corresponden exclusivamente a Sunass.

Presidente de comisión del Consumidor pide explicaciones

Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, expresó su preocupación ante los impactos tarifarios que podrían sufrir los usuarios de los servicios de agua y saneamiento debido a nuevas regulaciones. Como se recuerda, Soto Palacios hizo un llamado a la ministra de Vivienda y Construcción, Hania Pérez De Cuellar, para discutir las posibles consecuencias para los consumidores.

Las inquietudes surgen en torno al proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 1280, Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.

Soto Palacios argumenta que el artículo 71.3 de dicho decreto, publicado por el Poder Ejecutivo, permite incrementos tarifarios sin condiciones, incluso si las empresas prestadoras no cumplen con sus metas o indicadores de calidad. “Eso es completamente absurdo y en perjuicio directo a los usuarios del servicio, quienes se verán obligados a pagar mayores tarifas, a pesar de no ver mejoras en el servicio”, afirmó.

En la comunicación dirigida a la ministra, Soto Palacios también destacó que la propuesta de reglamento consolidaría “irregularidades”. Mencionó que el artículo 167 permitiría incluir en el cálculo tarifario el costo de inversiones financiadas con impuestos, duplicando el pago por parte del usuario. Asimismo, el artículo 168 autorizaría a que las sanciones y multas impuestas a las empresas fueran absorbidas por los usuarios mediante aumentos tarifarios.

Además, mencionó que, según el mismo artículo, las empresas podrían trasladar costos ineficientes a las tarifas, como la compra de automóviles de lujo y altos salarios para sus gerentes. Esto generaría un incremento en las tarifas sin un beneficio tangible para los ciudadanos.

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