La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley para “contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución” de los recursos del exterior que se gestionan a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Iniciativa afectaría principalmente a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
El proyecto fue aprobado por 12 votos a favor y uno en contra. Respaldaron la iniciativa todos los fujimoristas: Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Patricia Juárez, Auristela Obando. Se sumaron las apepistas Lady Camones y Elva Julón, así como los parlamentarios José Williams, María del Carmen Alva, Darwin Espinoza, Isaac Mita, Silvana Robles y Elías Varas.
El único voto en contra vino del legislador Luis Kamiche, quien advirtió que el dictamen contradice el derecho constitucional de libre asociación. Propuso que se elabore un texto consensuado con la participación de las ONG, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Peruana de Cooperación Internacional; sin embargo, su pedido no prosperó.
Los cambios
El dictamen propone modificar diversos artículos de la Ley que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Por ejemplo, se busca que una de las funciones de dicha entidad sea velar por “la correcta utilización de los recursos financieros, logísticos, técnicos y otros provenientes” de la cooperación técnica internacional.
De igual manera, la APCI estará en la obligación de hacer un registro actualizado de todas las organizaciones y entidades hagan “activismo político” con los fondos que reciban del exterior. Se entiende como “activismo político”, según el texto aprobado, a “aquel que modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas”.
El dictamen aprobado también fija una serie de hechos que constituirían faltas leves, graves y muy graves. Estas se sancionarían, según el grado, con amonestación escrita, multa de hasta 500 UIT, suspensión temporal y cancelación de la inscripción en la APCI.
El control, la supervisión y fiscalización estaría a cargo de la Intendencia Nacional de Control, Supervisión y Fiscalización de Organismos No Gubernamentales, adscrita a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Asociaciones protestan
Diversas asociaciones de la sociedad civil, como Transparencia y la Coordinadora de Derechos Humanos, han cuestionado la iniciativa comparándola con iniciativas promovidas en los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Rusia.
“El proyecto del Congreso que busca regular ONGs, es un grave atentado contra la libertad de organizaciones civiles, empresariales y religiosas. Preocupa seriamente que siga el modelo de control político de dictaduras como la de Venezuela, Nicaragua y Rusia”, manifestó Transparencia.
🔴#URGENTE
— CNDDHH 🇵🇪 #NiUnMuertoMás (@cnddhh) 4 de junio de 2024
Desde la @cnddhh alertamos que el @congresoperu pretende afectar la #CooperaciónParaLaDemocracia.
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Esta asociación, además, alertó que desde el Parlamento “busca impedir que las personas en situación de vulnerabilidad reciban apoyo de agencias de cooperación internacional, bloquear las voces críticas sobre temas fundamentales para el desarrollo nacional y silenciar a las organizaciones defensoras de derechos humanos”.
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