Persecución en Nicaragua: el régimen de Ortega ordenó el cierre de otras 15 ONG en un nuevo intento por sofocar la disidencia

La dictadura de Nicaragua canceló este martes la personería jurídica a otras 15 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, incluida la Asociación Comités de Defensa Sandinista (CDS), con lo que suman más de 3.600 las ONG ilegalizadas desde diciembre de 2018, y que en su mayoría sus bienes han sido confiscados por el régimen.

María Amelia Coronel, ministra del Interior, aprobó la disolución de esas organizaciones en Managua, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.

La cartera del Interior explicó que cerró de forma unilateral unas diez ONG por supuesto incumplimientos a las leyes que los regulan y las otras cinco porque solicitaron su disolución voluntaria.

Entre las 15 ONG canceladas se encuentra la Asociación CDS, que funcionaba desde los barrios como “ojos y oídos” de la revolución durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

Los CDS, que solicitaron su disolución voluntaria, fueron remplazados por los Consejos del Poder Ciudadanos (CPC), con el retorno al poder del dictador Daniel Ortega, en 2007.

También fueron disueltas la Asociación Nicaragüense de Amistad con la República Popular de China y su Pueblo, la Asociación de Ganaderos de Boaco, la Federación de Cámaras de Exportadores de Nicaragua, entre otras de corte cristiano evangélicas.

Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, el Ministerio del Interior explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría General de la República en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre los organismos que solicitaron su disolución voluntaria.

Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que “las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones de hace seis años.”

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

Daniel Ortega, justificó el sábado la confiscación de propiedades de todas las ONG ilegalizadas.

“Han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero, (…) donde se estafaba para quedarse con propiedades de gente que de buena intención quería vender la propiedad”, dijo Ortega en un acto por aniversario del general Augusto Sandino.

“Todas estas propiedades son varios millones, están en manos del Estado nicaragüense (...) para el beneficio de los pobres, para invertirla en todos los programas sociales, desde vivienda, salud, educación, seguridad social”, agregó Ortega.

La Procuraduría de Nicaragua defendió el viernes haber “recuperado legalmente” y no “confiscado” propiedades de opositores, universidades y ONG, en el marco de juicios por narcotráfico, lavado de dinero y delitos contra la seguridad, decisiones administrativas por incumplimiento de leyes.

“El Estado reitera su estricto cumplimiento al respeto de la Propiedad Privada (...), que prohíbe la confiscación de bienes”, indicó la entidad estatal.

El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, de la ONG Hagamos Democracia, cancelada el 2018 pero que funciona desde Costa Rica, denunció que desde ese año el régimen de Ortega “ha confiscado” al menos 135 propiedades, con un valor de unos 250 millones de dólares.

Sin dar detalles, el dictador nicaragüense señaló que las autoridades están “investigando para sancionar a todos los que resulten culpables” de las “estafas”.

“Lo importante es que esa riqueza (…) está en estos momentos en manos del Estado, a disposición del pueblo, a disposición de los pobres, a disposición de los campesinos, a disposición de la juventud”, añadió Ortega.

El traspaso de propiedades al Estado se da en el marco del endurecimiento de las leyes en Nicaragua sobre asociaciones civiles tras las protestas contra el gobierno en 2018, que en tres meses de bloqueos de rutas y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.

El régimen de Ortega, que consideró esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, aseguró que opositores y algunas oenegés las financiaron.

La oposición asegura que hasta abril han sido clausuradas 3.494 oenegés y 29 universidades.

(Con información de EFE y AFP)