Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, consideró este miércoles que el Congreso debería permitir que la mandataria viaje a China, ya que no tiene ninguna restricción para salir del país a pesar de las investigaciones en su contra. Boluarte tiene previsto reunirse el próximo mes con el líder del régimen chino, Xi Jinping, y para ello debe obtener la autorización del Congreso.
“Sí, le recomendaría hacerlo porque la presidenta tiene que gobernarnos, establecer negociaciones internacionales, tratados bilaterales y relaciones políticas, y muchas de estas actividades y viajes al extranjero tienen una inyección económica en el país”, dijo en diálogo con RPP.
El probable encuentro de Boluarte con Xi Jinping será una ocasión previa a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), que se organizará en Lima en noviembre próximo. Para este evento también está prevista la presenta del líder chino, así como los gobernantes de las 21 economías que integran ese foro.
El plan de viaje fue anunciado a mediados de mayo por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien indicó que, en la agenda de la visita, se contemplan 29 puntos a conversar, y el más reciente incorporado es precisamente la exportación de carne, que podría significar hasta 4.000 millones de dólares en el mediano plazo.
En la misma entrevista, Portugal señaló que ha recomendado a su clienta no declarar ante el Ministerio Público si se filtra sus respuestas a las 50 preguntas que formularon cuatro fiscales respecto a la disolución del equipo, inicialmente liderado por el coronel Harvey Colchado y posteriormente por el coronel Franco Moreno.
Para el letrado, la diligencia fue inusual y hostil. “El 324, numeral 1, establece una regla de prohibición respecto a la reserva de la investigación para evitar mal informaciones o manipulaciones. Por eso he recomendado esto a la presidenta”, indicó. Portugal añadió que, tras su recomendación, surgieron diferencias de opinión, ya que la presidenta comprende su rol, pero también reconoce los riesgos de una filtración no controlada.
Boluarte fue denunciada constitucionalmente por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por cohecho pasivo impropio. La acusación, presentada el viernes pasado, será evaluada por la Comisión Permanente del Congreso, que determinará si hay suficientes indicios para admitirla. De aceptarse, una Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigará y emitirá un informe, que será debatido y votado por la Comisión Permanente.
Si se aprueba, pasará al pleno, que podría decidir su suspensión, destitución y un juicio político. El documento fiscal alega que artículos de lujo entregados por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, fueron una contraprestación por decretos beneficiando a la región.
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