La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa María del Triunfo inicia investigación preliminar para identificar a los responsables de la explosión en el grifo Espinoza S.A. que acabó con la vida de dos personas y dejó al menos 50 heridos el pasado 20 de mayo.
El fiscal provincial Lucio Peña Huaján y el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Gonzáles Villalba están recolectando pruebas, incluyendo declaraciones de los responsables del establecimiento, informes de entidades como Osinergmin y la Municipalidad de Villa María del Triunfo, así como resultados de la necropsia y pericias de visualización de videos, según informaron fuentes locales.
La detonación en la planta de compresión de gas natural también ocasionó severos daños en las viviendas y centros comerciales aledaños, en el distrito del sur limeño. El grifo Espinoza permanecerá cerrado mientras continúan las pesquisas, por orden del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
La entidad del Minem informó que la explosión se produjo durante el proceso de llenado de cilindros de Gas Natural Comprimido (GNC) en una cisterna que se abastecía en dicho grifo. La emergencia también provocó una fuga de gas de un tanque de 2500 metros cúbicos de Gas Natural Vehicular (GNV).
Damnificados acudirán al Congreso el 29 de mayo
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto Palacios, convocó una audiencia pública para el 29 de mayo a las 3 pm en la Sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República. Esta audiencia permitirá a los damnificados exponer sus problemas ante las autoridades competentes, buscando que no se les impongan acuerdos indemnizatorios que no cubran plenamente los daños sufridos.
Soto Palacios tomó esta decisión después de que dirigentes y vecinos denunciaron presiones de representantes de Grifos Espinoza S.A. para firmar acuerdos de indemnización que liberarían a la empresa y entidades relacionadas de cualquier responsabilidad futura. “Esta situación ha puesto en evidencia las fallas de las empresas involucradas y también la necesidad urgente de una regulación más estricta y una supervisión efectiva”, expresó.
Además de los damnificados, asistirán a la audiencia expertos en seguros y representantes de organismos como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con el objetivo de evaluar y evitar acuerdos desfavorables para los afectados.
Falta de certificaciones ambientales
El Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos exige que los grifos y estaciones de servicio deben contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes de operar. Este instrumento identifica los impactos ambientales y las medidas de manejo durante la construcción, operación y cierre del establecimiento, y deben incluir un plan de contingencias para eventualidades como explosiones, incendios y derrames.
En 2018, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) introdujo el Plan Ambiental Detallado (PAD) como un instrumento adicional de regularización ambiental. Sin embargo, esa medida no ha logrado que todos los operadores cumplan con los requisitos ambientales pertinentes.
En 2023, el Minem publicó la Resolución Ministerial 468-2023-MINEM/DM, otorgando un nuevo plazo para la presentación del PAD de manera excepcional e improrrogable. A pesar de esto, muchas actividades siguen operando sin certificación ambiental.
Según la Exposición de Motivos de la resolución mencionada, de las 182 solicitudes de acogimiento, solo 148 PAD fueron presentados; de estos, 76 fueron aprobados, 53 desaprobados y 19 se encuentran en evaluación. La falta de certificación ambiental y las medidas insuficientes de regularización aumentan el riesgo de siniestros como el de Villa María del Triunfo, y ponen en peligro a la población.
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