El Ministerio Público publicó que tiene a su cargo 62 investigaciones contra miembros de las fuerzas del orden policial y militar, por delitos contra la vida y violaciones a los derechos humanos cometidos durante las protestas sociales que ocurrieron en Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, según un informe compilado por el Observatorio de Criminalidad.
Gracias a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidieron al Estado peruano contar con un registro específico, desagregado y actualizado de víctimas, el Ministerio Público elaboró un informe que identifica a 766 agraviados, entre ellos 50 fallecidos y 716 lesionados.
El informe, titulado ‘Actuación Fiscal del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales’, señala que el Ejecutivo Especial de Fiscales para Casos de Víctimas en Protestas Sociales (EFICAVIP), conformado el 31 de marzo de 2023, lleva a cabo estas investigaciones.
Del total de 766 agraviados, la mayoría son hombres (82,9%) y la mayoría de las víctimas tienen entre 18 y 34 años. La zona sur del país, que abarca los territorios de los distritos fiscales de Ayacucho, Puno, Apurímac, Arequipa, y Cusco, registra el 88% de las muertes y el 59,1% de las lesiones. En tanto, un significativo 34,7% de lesionados se reportó en el distrito fiscal de Lima Centro, con casos adicionales en La Libertad, Selva Central, y Ucayali.
El informe también destaca las coordinaciones entre el EFICAVIP y el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (UCAVIT), que han derivado en atenciones multidisciplinarias para 265 agraviados: 84,5% son víctimas directas y 15,5% son víctimas indirectas, recibiendo apoyo psicológico, legal y social.
El Fiscal de la Nación (i), Juan Carlos Villena Campana, indicó que los datos serán cruciales para diseñar una guía de procedimientos fiscales que atienda casos de violencia en situaciones de conflictividad social, con un enfoque en derechos humanos e interculturalidad
Se investigan a 285 policías y 39 militares
Las autoridades han iniciado investigaciones contra 285 fuerzas del orden policial y 39 fuerzas del orden militar, en las cuales solo uno se encuentra con prisión preventiva. La medida afecta aquellos acusados de cometer delitos contra la humanidad, violaciones de derechos humanos y otros ilícitos durante las protestas sociales.
El Equipo Especial de Fiscales se creó con la finalidad de investigar, con dedicación exclusiva, delitos graves como homicidios, lesiones y abuso de autoridad contra los ciudadanos. Este equipo fue establecido mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación 790-2023-MP-FN el 31 de marzo de 2023. Solo uno de los acusados está con prisión preventiva, nueve con comparecencia con restricciones, uno con comparecencia simple y 313 se encuentran en libertad con citación.
En paralelo, los delitos comunes cometidos por ciudadanos que excedieron su derecho a la protesta, como disturbios y daños, están bajo la jurisdicción de las fiscalías superiores, supraprovinciales y provinciales penales y mixtas de los distritos fiscales donde ocurrieron los eventos.
El objetivo de esta iniciativa es esclarecer los actos de violencia durante las manifestaciones, proporcionando justicia a las víctimas y estableciendo responsabilidades pertinentes. La creación de este equipo especial responde a la necesidad de una investigación más robusta y focalizada, según señalaron medios oficiales.
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