TC adquiere siete autos del año por S/850 mil para “acercar la justicia constitucional” a la ciudadanía

En los primeros días de mayo de este año, el Tribunal Constitucional adquirió siete camionetas del año por 849 mil soles para uso exclusivo de los magistrados. El objetivo de la compra, según las bases de la licitación, es “acercar la justicia constitucional cada vez más a la ciudadanía”.

El comité de selección evaluó las ofertas presentadas y declaró ganador de la licitación al consorcio Autoniza, que proveerá siete camionetas SUV tracción 4x2 marca Nissan modelo X-Trail Sense CVT, año fabricación 2024, año modelo 2025.

De acuerdo con el contrato suscrito entre la directora general de Administración del TC, Laura Pilar Díaz Ugas, y el representante del Consorcio Autoniza, el postor ganador tendrá un plazo de 69 días para entregar los vehículos debidamente equipados a la institución.

Los vehículos adquiridos servirán para el transporte de los magistrados Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro, César Ochoa Cardich, Manuel Monteagudo Valdez y Pedro Hernández Chávez.

Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional, ha sido señalado por un aspirante a colaborador eficaz de estar involucrado en actos que cuestionan su imparcialidad en la resolución de una demanda competencial presentada por la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según la resolución judicial a la que accedió Infobae Perú, el testimonio del colaborador eficaz acusa a Morales Saravia de influir en la demanda para anular investigaciones disciplinarias contra Benavides en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

De acuerdo con la información judicial, Patricia Benavides, junto con sus exasesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, habría planeado la demanda competencial para evitar su eventual suspensión en la investigación que se le seguía en la JNJ por la remoción de la exfiscal suprema provisional, Bersabeth Revilla, quien investigaba a la jueza Enma Benavides por supuestos sobornos relacionados con narcotráfico. El colaborador eficaz relata que Patricia Benavides buscó apoyo de los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, argumentando que la JNJ no tenía competencia para investigarla por “actos de gestión y atribuciones propias del fiscal de la Nación”.

La demanda fue redactada a inicios de agosto de 2023 y presentada antes del 16 de agosto, fecha límite establecida por Francisco Morales Saravia. El pleno del TC admitió la demanda el 29 de agosto, y Morales Saravia viajó fuera del país en septiembre de ese año. Infobae Perú intentó obtener una versión oficial del Tribunal Constitucional pero no obtuvo respuesta al cierre de su nota.

Tras la admisión de la demanda competencial, el “plan” de Patricia Benavides, según el delator, era “captar” a otros magistrados del TC para que el recurso fuera declarado fundado. Asesores en la sombra de Benavides, Hauyón y Garrido-Lecca, contactaron al rector de la Universidad San Martín de Porres, José Antonio Chang, quien les aseguró contacto con magistrados a través de invitaciones a congresos organizados por la universidad.

En los próximos meses, el pleno del Tribunal Constitucional deberá resolver importantes expedientes, como la demanda competencial del Congreso de la República contra el Poder Judicial, por las inhabilitaciones de los consejeros Aldo Vásquez e Inés Tello, y la demanda de inconstitucionalidad de la Fiscalía de la Nación contra los cuatro decretos legislativos emitidos por el Gobierno que vulnerarían sus competencias para investigar el delito desde un inicio.