
El inminente traslado del Archivo General de la Nación (AGN) a una nueva sede temporal -un almacén industrial en el Callao- no solo ha despertado la indignación de diversos sectores preocupados por la conservación de más de 150 millones de documentos históricos, varios con más de 200 años de antigüedad, sino que fue advertido hace dos años.
Infobae Perú pudo constatar que este escenario adverso para la institución fue advertido por la Contraloría General de la República y notificado al actual jefe institucional del Archivo General de la Nación, Ricardo Moreau Heredia, desde el año 2022.
Ese año, la Contraloría redactó un informe de orientación de oficio en el que se indicó que un eventual traslado “pone en riesgo la integridad y conservación del Patrimonio Documental Cultural Archivístico de la Nación, máxime si no se cuenta con un plan de traslado, ni con un local adecuado para su resguardo y conservación”. Esto debido a que una sentencia del Poder Judicial dispuso que el AGN debía abandonar su sede actual en el Palacio de Justicia.
Este documento, que fue elaborado el 25 de julio del año 2022 -cuando el actual jefe institucional del AGN, Ricardo Moreau ya se encontraba en funciones, pues asumió la jefatura de la institución en abril de ese año - también advertía que era necesario adoptar medidas urgentes para resguardar los documentos que el Archivo se encarga de proteger.

Corte Suprema también advirtió el riesgo al que se exponía a documentos históricos
El problema de la mudanza del Archivo General de la Nación inició precisamente en el año 2022, cuando perdió una disputa legal contra el Poder Judicial por la disposición del espacio al interior del Palacio de Justicia. En la sentencia emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Suprema, incluso el juez encargado del caso indicó que, como consecuencia del fallo, se podría en riesgo la integridad de los documentos del Archivo.
En ese sentido, el documento de Contraloría indica que el 8 de julio del 2022, la Procuraduría del Ministerio de Cultura presentó un escrito citando un documento en el cual se indica que “se requiere de un plazo no menor a 36 meses para realizar la desocupación y traslado de los bienes documentales que custodia y mantiene el AGN en la sede del Palacio de Justicia”.
Para ese entonces, el documento de Contraloría indica que el actual titular del AGN y otros funcionarios tenía conocimiento de la situación legal del Archivo y que este podía ser desalojado de su sede en el Palacio de Justicia y que debían tomar acciones para trasladarse a un nuevo local.

Un dato importante que señala la Contraloría y que no debe pasar desapercibido es que la propia Procuraduría del Ministerio de Cultura indicó en su documento enviado el 8 de julio que el plazo de 36 meses para el desalojo debería iniciar luego de que se consiga un local adecuado para la mudanza del AGN, proceso que podría tardar al menos un año según la estimación de la Procuraduría.
Para julio del 2022, Contraloría indicaba que el pedido de un plazo razonable del traslado del AGN, que debía resolver el Poder Judicial, tenía la posibilidad de ser denegado, lo que nuevamente podría poner en riesgo a los documentos históricos.
Un traslado apresurado: De tres años a un plazo máximo de cinco meses
El 13 de febrero del 2023, Carlos Velazco Bonzamo, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Archivo General de la Nación envió un oficio a Teodulo Quispe de la Cruz, Secretario General de la institución, en el que se hizo referencia a un ‘Plan de contingencia’ relacionado con un futuro traslado de la sede del AGN de forma temporal.
En el documento enviado a Quispe, se hace referencia al proceso que el AGN pasa actualmente: el alquiler de un local temporal, contratar un servicio de almacenamiento y se sugiere que “por las consideraciones expuestas líneas arriba se recomienda optar por la segunda alternativa por ser la más adecuada”. Es decir, que ya se habría tenido pensadas las opciones de espacios que podrían albergar de forma provisional la sede del Archivo.

Lo destacado se puede leer líneas después, cuando Velazco indica cuáles serían las condiciones estimadas para el alquiler de una sede provisional del Archivo.
Hasta este punto de la historia, se tienen tres elementos clave:
- La recomendación por parte de la Procuraduría del Ministerio de Cultura para que el traslado se realice en un periodo no menor de 36 meses, el cual deberá iniciar luego de tener una sede de destino para los documentos del Archivo,
- Un tiempo de almacenamiento estimado (tres años y dos meses), estimado por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del AGN.
- Un costo estimado para la contratación de los servicios necesarios (poco más de 4 millones de soles), también estimado por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del AGN.
Sin embargo, pese a las recomendaciones iniciales del propio Ministerio de Cultura, y el costo estimado de alquiler comunicado por el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del AGN; el proceso actual del traslado de los documentos del Archivo General de la Nación se pretende realizar desde agosto del 2024 en un plazo máximo de cinco meses, mientras que el alquiler del local temporal costará 12 millones de dólares, varias veces más que la cifra en soles estimada por el funcionario del AGN.

Acuerdo triple: Poder Judicial, Ministerio de Cultura y Archivo General de la Nación
El plazo tan breve en el que se deberá realizar el proceso de inventario, empaquetamiento de los documentos y la mudanza del Archivo General de la Nación no fue tomada de forma unilateral, sino que se produjo luego de una reunión entre el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo; la ministra de Cultura, Leslie Urteaga; el Jefe institucional del Archivo General de la Nación, Ricardo Moreau, y otros funcionarios.
Fue en este encuentro, producido el 11 de abril de este año, en el que se dio el acuerdo final entre las tres partes para que el traslado del AGN a su sede temporal —que en ese entonces aún no se había determinado— iniciara en agosto de este año.
En una nota de prensa, la ministra Urteaga indicó: “Tenemos la voluntad de cumplir con el mandato judicial. Agradezco las consideraciones del Presidente del Poder Judicial. En agosto iniciaremos esta mudanza. Hay una necesidad de entregar el local y también una necesidad de proteger nuestro patrimonio documental, que es la memoria de todos los peruanos”.

Un mes después, el 25 de abril, el AGN inició un proceso de contratación directa para obtener un servicio de almacenamiento temporal. La única empresa postora fue el ‘Consorcio Transel’, quien ganó la buena pro al día siguiente —26 de abril—, y recibirá el pago de más de 12 millones de soles por el servicio de almacenamiento de los documentos por un plazo de tres años, con la opción de extenderse por dos años extras.
El documento, que ya es público, fue firmado por ambas partes el 3 de mayo de este año.
Infobae Perú intentó comunicarse por vía telefónica con el Jefe institucional del Archivo General de la Nación, pero desde su despacho se indicó que no se encontraba en ese momento. La única actividad de su día, consignada en su agenda institucional publicada en la página web del AGN era una visita al Callao a las 10 de la mañana.
El local destinado a alojar al Archivo General de la Nación, al menos hasta el año 2027, será un almacén industrial cerca a una fábrica de lejía y químicos en el Callao, una zona con alta humedad, cerca al aeropuerto Jorge Chávez.
Infobae Perú conversó en exclusiva con Natalia Sobrevilla, historiadora y catedrática de historia latinoamericana en la Universidad de Kent (Reino Unido), que escribió diversas columnas de opinión en la página web ‘Jugo’ sobre la problemática que atraviesa el AGN.
Sobrevilla indicó que los papeles que se encuentran en el Archivo General de la Nación son delicados y que tienen que ser trasladados solo una vez a un local idóneo para que se mantengan en un buen estado de conservación y en el que se pueda trabajar con ellos de forma ideal.
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