El alcalde Rafael López Aliaga otorgó el puesto de asesor I en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a Humberto Guzmán, presidente de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), quien renunció en medio de denuncias por manejar en estado etílico, atropellar a dos jóvenes y darse a la fuga.
Según el registro de visitas al Palacio Municipal difundido este miércoles por el periodista Juan Pablo León, Guzmán figura como asesor desde agosto de 2023 hasta marzo de este año, meses después de que López Aliaga firmara una resolución que dejó sin efecto su designación como jefe de Emape.
Según el informe, Guzmán fue intervenido por la Policía el 22 de agosto de 2014 en Jesús María por manejar ebrio. El 8 de octubre de 2018, fue detenido nuevamente por conducir con signos de embriaguez y fue llevado a la comisaría de Lince, donde se comprobó que había bebido licor y que su licencia estaba suspendida por la sanción anterior.
El 8 de junio de 2021, a pesar de tener la licencia cancelada de por vida, el exfuncionario atropelló a dos jóvenes en motocicleta en la bajada de Marbella, Magdalena, y huyó hacia su casa, cercana al lugar del accidente. Un testigo informó a la Policía y proporcionó detalles del vehículo, lo que permitió a los agentes arrestarlo en su casa. Los agentes confirmaron que había consumido licor.
Después del destape periodístico, López Aliaga anunció que Guzmán había puesto su cargo a disposición, pero aún evaluaba aceptar su dimisión. “Ha tenido momentos de depresión gravísimos [...] Me ha expresado su deseo de renunciar, pero quiero evaluar bien para no ser injusto. Para juzgar a una persona hay que considerar tanto lo bueno como lo malo. Tendría pena de perderlo. Sé que es gravísimo [lo ocurrido], pero como ser humano entiendo su situación”, justificó.
Polémicas asesorías
A pesar de que al inicio de su gestión, el burgomaestre prometió prohibir la contratación de asesorías y consultorías, durante su mandato se destinaron más de 8.6 millones de soles para estos fines, según un informe difundido esta semana por Hildebrandt en sus trece.
Primero, tras la anulación del acuerdo con Rutas de Lima, la Municipalidad contrató a la consultora colombiana Inkerlink SAS por 1.8 millones de soles para calcular la indemnización, pero un tribunal arbitral de Naciones Unidas dictaminó revertir la anulación y negociar con la concesionaria.
Más tarde, la Municipalidad gastó otros 400 mil soles en un informe de Boies Flexner (EE.UU.) para identificar violaciones legales de Brookfield al comprar acciones de Rutas de Lima, con lo cual halló solo “posibles incumplimientos”. Pese a resultados insatisfactorios, volvió a contratar a Boies por tres millones de soles para un proceso penal contra Brookfield en EE.UU. y destinó 2.2 millones más en un proceso legal contra Vinci Highways, tras la anulación del acuerdo por el exalcalde Jorge Muñoz.
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