La comunidad de Juliaca y las familias de los fallecidos siguen exigiendo justicia. A paso lento, pero avanza, pues el Ministerio Público formalizó la investigación fiscal contra 20 agentes del Estado, entre ellos 19 policías y un miembro del Ejército, por homicidio calificado de 18 civiles y lesiones graves de otros 20 en la masacre del 9 de enero de 2023 en Juliaca.
Los hechos ocurrieron durante las protestas en contra del régimen de Dina Boluarte. Miles de quechuas y aimaras se manifestaron en las inmediaciones del aeropuerto de Juliaca, exigiendo la dimisión de la presidenta, el cierre del Congreso y el cese de la represión violenta contra quienes alzaban su voz de indignación en rechazo de la clase política
Durante varias horas, la Policía disparó contra manifestantes desarmados, resultando en 18 muertos y cientos de heridos, según informes publicados por medios nacionales.
El documento fiscal, que formalizó la continuación de la investigación preparatoria el último miércoles 8 de mayo, menciona los nombres de los 20 involucrados. Ellos son acusados del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado y lesiones graves, según los artículos 108 y 121 del Código Penal peruano. La carpeta fiscal, a cargo de la Dra. Nancy Soledad Chávez Torres, identifica a Gabriel Omar López Amanqui y otros como agraviados.
Diligencias acusan a 17 policías y 3 militares
El equipo especial de fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales formalizó la acusación contra los siguientes 20 miembros de la Policía y el Ejército, “por la comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el artículo 108°, numerales 3, del Código Penal”.
- David Pablo Villanueva Yana
- Manuel Fernando Alarcón Elera
- Alberto Miguel Rojas Méndez
- Julio Santos Mauricio Contreras
- Juan Manuel Pedrera Ruiz
- Pariona López Victor
- Marco Jonny Montoya Sánchez
- Domingo Martin More More
- Martin Ocampo Aguirre
- Joel Arturo Tapia Guillen
- Jaysiño Leandro Vergara Paredes
- Carlos David Quispe Yasan
- Julia Elisa Andrade Huanca
- Jesús Rafael Alcazar Gallardo
- Eder Antonio Infanzon Gómez
- Henry Guzmán Lasteros
- Josue David Meza Gonzales
- Elvis Brayam Salcedo Hilario
- Elvis Cusacani Choqueza
Amnistía Internacional denunció ejecuciones extrajudiciales en protestas de Juliaca en Puno
Las protestas en Juliaca se intensificaron a partir del mediodía de aquel fatídico 9 de enero con manifestantes intentando ingresar al Aeropuerto Inca Manco Cápac, lo que llevó a una fuerte respuesta de las fuerzas del orden. Como parte del operativo, se han reportado presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Durante la represión policial a las protestas en Juliaca tres adolescentes perdieron la vida tras recibir impactos de proyectiles de armas de fuego. Elmer Zolano Leonardo, de 16 años; Jhamileth Aroquipa Hancco, de 17 años; y Brayan Apaza Jumpiri, de 15 años, fueron asesinados en el operativo que también resultó en la muerte de otros 15 civiles, según reveló el medio Ojo Público.
Elmer Zolano Leonardo, un estudiante de cuarto de secundaria que apoyaba a su madre en la venta ambulante, recibió un disparo en el tórax cuando observaba la protesta a distancia de las fuerzas policiales en las inmediaciones del aeropuerto. Su muerte fue confirmada más tarde en el Hospital Carlos Monge Medrano. Faustina Huanca Calla, madre de Elmer, describió las últimas horas de su hijo y la difícil búsqueda del cuerpo en el sobrecargado hospital.
Jhamileth Aroquipa Hancco, quien estudiaba psicología en Cochabamba, Bolivia, fue alcanzada por una bala mientras observaba las protestas junto a su familia en las calles de Juliaca. Según testigos, un policía habría disparado desde un local ferretero en la Avenida Mártires del 9 de enero, acto que terminó con la vida de Jhamileth tras su ingreso al Hospital Carlos Monge Medrano.
Brayan Apaza Jumpiri, adolescente de 15 años, se encontraba ofreciendo apoyo a su madre cuando fue alcanzado por un proyectil en la cabeza, también durante las protestas. A pesar de las desesperadas maniobras para salvarlo y de ser trasladado al Hospital Carlos Monge Medrano, no se pudo evitar su fallecimiento.
Amnistía Internacional ha documentado que en al menos diez de estos casos existe evidencia empírica que sugiere que se trató de posibles ejecuciones extrajudiciales, destacando un uso de la fuerza letal diferenciado contra población con más representación indígena. Los operativos llevados a cabo, que involucraron a más de 500 policías enviados desde diferentes regiones del país, presentan irregularidades en el uso de la fuerza y en la implementación de protocolos de seguridad pública.
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