El ‘peligroso’ enfoque de China con el Megapuerto de Chancay: advierten amenaza para la seguridad cibernética del Perú y países de la región

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, resaltó la estrategia de Beijing de enriquecer su presencia económica a expensas de los intereses locales. Además, advierte de la peligrosa seguridad cibernética y de la protección de los datos

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General Laura J. Richardson
La General Laura J. Richardson, Comandante del Comando Sur de Estados Unidos, durante la 9° Conferencia de Seguridad Hemisférica criticó el enfoque chino en infraestructuras críticas. Foto: composición Infobae

“¿Por qué hay tanto enfoque en la infraestructura crítica de este hemisferio por parte de los chinos?”, se preguntó Laura Jane Richardson, general de cuatro estrellas del ejército de los Estados Unidos respecto al papel de China en activos importantes como el Megapuerto de Chancay, cuya construcción al norte de Lima se encuentra en fase final (80%) y que para fines de este 2024 se prevé inaugurar.

Durante la Novena Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica (HSC) que se celebra en Florida International University (FIU), la también jefa del Comando Sur de Estados Unidos mencionó que el primer megapuerto que hizo el país de Xi Jinping en América Latina solamente “hará más fácil para los chinos extraer todos estos recursos de la región”, lo que resaltará la estrategia de Beijing de enriquecer su presencia económica a expensas de los intereses locales.

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El evento al que participó Richardson cuenta con la presencia de expertos del mundo académico, organizaciones gubernamentales, altos funcionarios militares y referentes del sector privado, donde se evalúan los desafíos en materia de seguridad que el hemisferio occidental enfrenta.

General Laura J. Richardson
Comando Sur de los Estados Unidos

Sostuvo que ha intentado hablar a las empresas estadounidenses y socios, que “tenemos que competir y salir al campo por esas licitaciones. Si no competimos, nunca podemos hacer inversiones en infraestructura crítica”, mencionó previamente”.

El uso de los datos para otros fines

Sin embargo, la preocupación de la general norteamericana no se limita únicamente a la extracción de recursos, sino que se extiende a la seguridad cibernética y la protección de datos.

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“Lo que está sucediendo en América Central, del sur y El Caribe no es nuevo para el mundo. Ha ocurrido en otros lugares también. Ahora llegó el momento y tenemos que tomar nota. No necesitamos superar a los chinos, tenemos que competir con nuestras soluciones. La cibernética encabeza la lista”, apuntó.

Controversia entre Cosco Shipping y el Estado peruano

A través de un pronunciamiento, el consorcio chino Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A, a cargo del megapuerto de Chancay reconoció que la obra de infraestructura portuaria en el país, viene siendo “perjudicada seriamente” por un cambio en el esquema normativo en el Perú.

Para la empresa de capitales chinos, “las interpretaciones de parte” que han saltado en las últimas semanas modifican la forma de la prestación de los servicios portuarios y pretenden imponer condiciones regulatorias aplicables a puertos de titularidad pública, es decir operados o concesionados por el Estado.

Megapuerto de Chancay
Megapuerto de Chancay tiene un avance de casi un 80%. Foto: composición Infobae/Cosco

Por ello, la compañía comunicó que se han visto en la necesidad de iniciar acciones de índole legal para defender su modelo de operación y asegurar su clasificación como infraestructura privada, pese a los beneficios públicos que ofrece. De acuerdo a Cosco, buscarán:

  • Defender, ante una acción judicial planteada por el Estado, el derecho de Cosco Shipping a prestar los servicios portuarios en sus terminales, bajo la forma que fueron acordados al inicio de esta inversión.
  • Asegurar que la infraestructura enteramente privada que beneficia al público en general, como el puerto de Chancay, no quiera ser por esto regulada como si fuera una empresa de titularidad pública y “entidad prestadora de servicios públicos” (en la que el Estado debe participar para asegurar su correcto funcionamiento por involucrar un bien público).

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