Congreso autorizó el desembolso para la defensa legal de Óscar Zea, exministro de Pedro Castillo

A la lista de congresistas que solicitaron y se les aprobó la cobertura de defensa legal por parte del Parlamento se sumó Óscar Zea, uno de los exministros de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) perteneciente al gobierno de Pedro Castillo. Así lo expone el acuerdo de la Mesa Directiva N° 113-2023-2024/MESA-CR, correspondiente al pasado 5 de abril.

El documento, con el aval de Alejandro Soto, Arturo Alegría y Waldemar Cerrón, mencionó que el pedido se formuló a propósito de la inclusión del experulibrista en la Carpeta Fiscal correspondiente al Caso 204-2022, en la investigación preliminar por los delitos de Colusión Agravada en la modalidad de Organización Criminal y Tráfico de Influencias en agravio del Estado.

“Conforme a sendas opiniones de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso sobre la misma materia, así como a lo sustentado por el congresista Zea Choquechambi, el beneficio de defensa y asesoría legal establecido en la Ley del Servicio Civil es aplicable para los señores congresistas de la República, en su condición de funcionarios, por actos realizados en el ejercicio de sus funciones”, expone.

En ese sentido, acordaron “autorizar a la Dirección General de Administración a realizar las acciones administrativas y presupuestales pertinentes para la contratación del servicio de defensa y asesoría legal conforme a lo solicitado por el congresista”.

¿Cuáles fueron los argumentos?

En el acuerdo se expone que, además de las opiniones de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y el sustento de Zea, la autorización se basa en el artículo 2 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, el cual establece que una de las categorías de servidores civiles es la de funcionario público, condición que ostentan los congresistas de la República.

Además, que el literal l) del artículo 35 de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, concordado con el artículo 154 de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 040-2014-PCM, “establece entre los derechos de los servidores civiles el contar con la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica o afín, con cargo a los recursos de la entidad, en procesos judiciales, administrativos, constitucionales, arbitrales, investigaciones congresales y policiales, ya sea por omisiones, actos o decisiones adoptadas o ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, inclusive como consecuencia de encargos, aun cuando al momento de iniciarse el proceso hubiese concluido la vinculación con la entidad”.

Cabe mencionar que, si al finalizar el proceso judicial se demostrara responsabilidad, “el beneficiario debe reembolsar el costo del asesoramiento y de la defensa especializada”.

¿Por qué se le investiga a Óscar Zea?

Óscar Zea es objeto de una investigación por parte de las autoridades judiciales en el caso conocido como ‘Los Niños’. A los implicados se les señala de haber participado en una negociación de votos con el fin de evitar la destitución del expresidente Pedro Castillo, a cambio de obtener la aprobación de una serie de proyectos de infraestructura en sus respectivas jurisdicciones.

En el marco de dicha carpeta, en la víspera se ejecutó el allanamiento de las oficinas y viviendas de 18 congresistas investigados. El megaoperativo, denominado ‘Los Pequeños II’, fue autorizado por el juez supremo de investigación, Juan Carlos Checkley, con el fin de incautar “documentos diversos de interés para la investigación”.

Aunque en el documento de la Mesa Directiva no se precisa cuál es el monto que el Parlamento desembolsará para la defensa del exintegrante del gobierno del lápiz, se estima que el monto será mayor a 30 mil soles, considerando que se destinó S/ 70 mil para el titular del Congreso, Alejandro Soto, y S/ 40 mil para el vocero de la bancada Fuerza Popular, César Revilla.