
El expresidente Alberto Fujimori generó polémica al conocerse que solicitó una pensión vitalicia, el pago de un asistente personal y vales de combustible. Aunque la decisión se encuentra en el Congreso, la opinión pública está dividida. Mientras algunos aseguran que es un derecho que le corresponde, otros recuerdan la reparación civil de 57 millones de soles que adeuda y los delitos por los que fue sentenciado.
Al respecto, Infobae Perú se comunicó con los abogados Heber Campos y Hugo Mendoza a fin de conocer si efectivamente le corresponde al exmandatario lo solicitado por su defensa legal, Elio Riera.
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“El artículo 2 de la Ley 26519 es bastante claro: un expresidente que ha sido acusado constitucionalmente y, en ese contexto, ha sido encontrado culpable de la comisión de un delito, no puede acceder a la pensión vitalicia”, recuerda Campos y menciona que, en el caso del líder fujimorista se cumplen ambos extremos al ser sentenciado por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“Fue acusado constitucionalmente, y fue condenado por la Corte Suprema el 2009 por la comisión de diversos delitos, tras su proceso de extradición de Chile. El indulto borra la pena, pero no anula la sentencia que la impuso. Por tanto, no puede acceder al beneficio previsto por la Ley 26519″, insistió.
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El abogado Hugo Mendoza coincidió con lo expuesto por el constitucionalista e insistió que “mediante un indulto no se borra la responsabilidad penal establecida por sentencia, sino que se establece una suerte de este indulto humanitario a fin de que no siga cumpliendo la pena al interior del penal por sus condiciones de salud”.
Por otro lado, mencionó el letrado, vale recordar que él renunció al cargo de presidente y, con ello, a los beneficios. “Incluso si nos enfocamos en la Real Academia de la Lengua Española (RAE) no existe una renuncia parcial, por lo que sería absurdo decir ‘yo renuncie al cargo de presidente, pero no a mi pensión vitalicia’”, explicó.
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“Si renunciaste al cargo de presidente de la República, pues se entiende que también es a todo lo que significa y él lo hizo por fax”, acotó e insistió que el principal argumento son las sentencias, pero que su dimisión también es algo a considerar para analizar el caso.

Como se recuerda, el expresidente culminó abruptamente su tercer mandato al presentar su renuncia desde Japón en noviembre de 2000, un acontecimiento sin precedentes en la historia política del país. La renuncia se dio en un contexto de creciente crisis política y escándalos de corrupción que involucraban a su administración y a sus más cercanos colaboradores, principalmente Vladimiro Montesinos, su asesor de inteligencia.
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La decisión se materializó a través de un fax enviado al Congreso de la República, mientras se encontraba en Brunei participando en la cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico), antes de partir hacia Japón. Fujimori alegó que su renuncia se debía a la imposibilidad de seguir gobernando ante la creciente presión política y las denuncias de corrupción que habían empezado a emerger con fuerza. Sin embargo, su solicitud no fue aceptada de inmediato por el Congreso, que optó por destituirlo por “incapacidad moral permanente”, desencadenando un proceso de transición política en el país.
¿Gobierno de Dina Boluarte a favor de pensión a Alberto Fujimori?
Aunque el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, mencionó que el tema debe “ser objeto de atención por los órganos correspondientes”, mencionó que “no se puede limitar la percepción de una pensión por existencia de una deuda”.
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“Más bien, si la deuda existe, de cualquiera de los dos señores, la recomendación sería que estas se cumplan naturalmente porque constituyen reparaciones civiles”, sentenció.
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