Congreso: aprueban duplicar el plazo de prescripción del delito por omisión de pensión de alimentos

El Pleno del Congreso de la República ha dado luz verde a una legislación que prolonga el periodo para que caduque la responsabilidad penal en los casos de omisión de pensión de alimentos, por lo que se ha duplicado el plazo de prescripción para este delito.

La medida, tomada con una votación mayoritaria, busca reforzar la protección de los derechos de niños y adolescentes afectados por la falta de cumplimiento en las obligaciones de sustento.

Respaldo mayoritario

Según el texto sustitutorio respaldado en su mayoría por el Congreso de la República, “en casos de delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos contra el patrimonio del Estado o de organismos sostenidos por este, o cometidos como integrante de organizaciones criminales el plazo de prescripción se duplica, así como en los casos del delito previsto en el artículo 149 del Código Penal”.

La congresista Martha Moyano Delgado, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, enfatizó que esta normativa permitirá una mayor eficacia en la tutela jurisdiccional de los requerimientos de asistencia familiar.

Adicionalmente, esta iniciativa legal recibió apoyo tras señalarse su potencial para abordar las más de 100 mil denuncias presentadas por omisión de pensión de alimentos, según compartió Américo Gonza Castillo, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

Medida modifica el Código Penal

Edgard Reymundo Mercado, uno de los proponentes del proyecto de ley, argumentó a favor de la modificación al destacar la importancia de ajustar la ley para prevenir las maniobras dilatorias que buscan evadir responsabilidades legales en este ámbito. Este propósito se alinea con el objetivo de salvaguardar el interés superior de los menores involucrados.

La medida, que modifica el artículo 80 del Decreto Legislativo 635 – Código Penal, fue aprobada con un resultado de 86 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones, lo que evidencia un amplio consenso en el legislativo sobre la necesidad de este cambio legal.

Con ello, se espera que esta nueva disposición legal contribuya significativamente a reducir la vulnerabilidad de niños y adolescentes ante la falta de apoyo económico de parte de sus familiares obligados.

Deudores morosos no podrán postular al sector público

A finales del 2023, se tomaron nuevas medidas en torno al pago de la pensión de alimentos en Perú, las cuales impedirían que quienes no estén al día con sus responsabilidades tengan que hacer frente a algunas restricciones en el ámbito laboral. En ese sentido, el Registro Nacional Judicial (Renaju), oficina del Poder Judicial encargada de administrar el Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Redam), dio a conocer las últimas actualizaciones en torno a la normativa.

De acuerdo a la entidad, los padres que no paguen la pensión de alimentos, la cual debe haber sido asignada por un juez como parte de un proceso judicial, no podrán contratar con el Estado. A esto se suma que tampoco tendrán permitido acceder a un cargo público e, incluso, corren el riesgo de ser encarcelados.

Índice de deudores en aumento

En conversación con la Agencia Andina, en ese momento, la jefa del Renaju, Vicky Távara Cavero, quien advirtió que la cifra de deudores morosos ha ido en aumento desde el 2021, razón por la que se optó por incorporar esta restricción.

El total de personas que no cumplen el mandato judicial por alimentos, las cuales fueron inscritas en el Redam, ascendió a 422 en el 2021, 999 en el 2022 y 1.878 en 2023 —solo hasta septiembre—.

Para encontrarse en dicha relación, el deudor tuvo que haber dejado de pagar la pensión por el periodo de tres meses, que pueden ser consecutivos o de forma mezclada.

A su vez, la funcionaria indicó que otro de los aspectos en los que se verán perjudicados es en el bancario. “Las personas inscritas en el Redam van a tener problemas con las entidades financieras porque el Renaju informa a la Superintendencia de Banca y Seguros, y AFP (SBS) de manera mensual el nombre de las personas registradas. No van a tener acceso a créditos, tampoco podrán acceder a un cargo público, sea alcalde, regidor, etcétera”, advirtió.