El Estado peruano ha incumplido con proteger los derechos de los ciudadanos. Un reciente informe de Amnistía Internacional ha documentado los retrocesos en esta materia durante el año 2023. La organización evaluó la situación en 155 países, y en Perú destacó una debilitación de sus instituciones encargadas de asegurar el acceso a la justicia en el país, como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
Amnistía destacó la preocupante liberación de Alberto Fujimori, una acción que contradice directamente las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que representa un peligroso precedente para el acceso a la justicia por parte de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
En detalle, el informe también reveló que la respuesta del gobierno ante la muerte de 50 personas, víctimas de represión estatal, durante las protestas de diciembre 2022 a marzo 2023, ha sido insuficiente, por no asignarse responsabilidades, dejando un vacío en la búsqueda de justicia para las víctimas.
Defensores ambientales asesinados
Este escenario se agrava con el incremento de la violencia contra los defensores del medioambiente en Perú, asesinados y víctimas de agresiones en medio de su lucha por proteger el territorio. “La impunidad persistió en la mayoría de homicidios de personas defensoras”, resalta Amnistía. En 2023, cuatro defensores perdieron la vida, un reflejo de la falta de protección estatal
- Cristino Melchor Flores, defensor del derecho a la tierra (Piura)
- Santiago Contoricón, líder indígena de la etnia asháninka (Junín)
- Quinto Inuma, líder indígena kichwa (San Martín), quien contaba con medidas de protección desde 2021
- Benjamín Flores, miembro de la comunidad indígena kakataibo
Aumentaron las mujeres desaparecidas, los feminicidios y embarazos forzados en niñas
Asimismo, la organización internacional denunció un alarmante número de feminicidios y partos en niñas menores de 15 años, alertando sobre un retroceso en políticas de igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. “En 2023, 170 mujeres fueron víctimas de feminicidio, un incremento de 16% con respecto a 2022. Además, se registraron 258 tentativas de feminicidio. La desaparición de mujeres continuó siendo un problema grave”, documenta el informe.
Los discursos que buscan socavar los derechos de las mujeres y niñas, según Amnistía, no solo persisten, sino que se han fortalecido, incluso desde entidades estatales.
La violencia y la discriminación hacia la comunidad LGTBI también fueron foco de preocupación, destacando el asesinato de ocho personas transgénero en 2023, considerados potenciales crímenes de odio. A pesar de la gravedad de estos actos, no se ha establecido un registro oficial de este tipo de delitos en el país.
“En 2023, las organizaciones de personas LGBTI denunciaron los asesinatos de al menos ocho personas transgénero que pueden considerarse delitos de odio. Pese a ello, no existe aún un registro oficial de este tipo de crímenes”
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