La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional ratificó la decisión que incluyó al partido político Solidaridad Nacional, actualmente Renovación Popular, como sujeto activo acusado en la pesquisa que involucra a varias personas por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir agravada y lavado de activos en el caso Odebrecht.
El tribunal determinó que la resolución inicial no infringió los derechos procesales del partido político ni aplicó incorrectamente las normativas que regulan la participación de entidades jurídicas en procesos penales.
La Fiscalía les atribuye haber empleado su estructura organizativa para facilitar y promover actividades de lavado de activos procedentes de fondos ilícitos provenientes de las empresas Odebrecht y OAS, aparentando legalidad a través de supuestas contribuciones de campaña.
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Entre los investigados en este caso se encuentran José Luna Gálvez, Martín Bustamante Castro, Jorge Zegarra Lévano, Julio Torres Romero, entre otros.
Rechazan demanda que Rafael López Aliaga presentó para evitar investigación por lavado de activos
En diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional desestimó la solicitud de hábeas corpus presentada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que buscaba evitar que las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos y en Delitos Tributarios iniciaran nuevas investigaciones en su contra por presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.
La petición de López Aliaga se centraba en impugnar la disposición fiscal que formalizó la investigación preparatoria en su contra, relacionada con supuestas operaciones ilícitas entre la Caja Metropolitana de Lima y empresas extranjeras en Panamá.
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En su argumento, López Aliaga alegaba que estas disposiciones atentaban contra su libertad al mantenerlo constantemente bajo investigación y exponer a sus empresas a posibles nuevas auditorías contables. Sin embargo, la Procuraduría Pública del Ministerio Público refutó estas acusaciones, indicando que la resolución de la fiscal no implicaba la imposición de medidas coercitivas, como la comparecencia restringida o la prisión preventiva, ya que estas decisiones corresponden a un juez penal.
El caso de Rafael López Aliaga fue evaluado por la Sala 2 del Tribunal Constitucional, conformada por los magistrados Francisco Morales, Helder Domínguez y Gustavo Gutiérrez.
Los dos primeros magistrados respaldaron la improcedencia de la demanda de López Aliaga, al considerar que los términos 42 y 43 de la disposición fiscal del 27 de julio de 2022 simplemente ordenaban remitir los documentos a las fiscalías especializadas, acciones que no tenían un impacto negativo, directo o específico en la libertad personal del demandante.
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Sin embargo, el magistrado Gustavo Gutiérrez, quien anteriormente fue abogado de Renovación Popular, opinó que el caso debería ser discutido en una audiencia donde participen todas las partes involucradas.
Ante la discrepancia entre los magistrados, se llamó a César Ochoa Cardich, quien se adhirió a la postura de Francisco Morales y Helder Domínguez.
Rinden homenaje a Luis Castañeda Lossio
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, llevó a cabo un tributo en honor a Luis Castañeda Lossio en el segundo aniversario de su fallecimiento, comprometiéndose a seguir su legado. Este gesto ha generado controversia debido a las acusaciones del Ministerio Público contra Castañeda, quien supuestamente lideró una red delictiva durante su mandato como alcalde, involucrada en sobornos y contratos ventajosos con la constructora OAS. Castañeda enfrentó cargos por colusión y lavado de activos, lo que ha generado debate entre los ciudadanos sobre si debería ser homenajeado por la actual alcaldía.
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La conmemoración de Castañeda por parte de la MML ha generado críticas en las redes sociales, donde varios usuarios expresan su rechazo considerándolo una burla. A pesar de la declaración de la Municipalidad de Lima sobre la construcción de una ciudad moderna y segura, con inversiones en megaproyectos, muchos ciudadanos no pueden pasar por alto los presuntos actos de corrupción relacionados con Castañeda y su partido, Solidaridad Nacional, ahora conocido como Renovación Popular.
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