
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) lanzó un parte informativo relevante sobre las acciones de fiscalización en el transporte público no autorizado dentro de la capital peruana. Según datos oficiales, desde el inicio del año hasta la mitad de abril, las cámaras de vigilancia de forma estratégica ubicadas en varias avenidas importantes de Lima y en el aeropuerto Jorge Chávez, registraron un alarmante total de 3929 infracciones cometidas por 2587 vehículos dedicados a la informalidad.
Este avance en la fiscalización se logró gracias a los acuerdos concretados entre la entidad y diversas municipalidades de la ciudad, incluyendo Lima, Jesús María, La Molina, San Borja, Santiago de Surco, San Miguel, Santa Anita, además de la cooperación con Lima Airport Partners (LAP), la entidad que gestiona el aeropuerto Jorge Chávez.
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El análisis detallado de las infracciones revela que, en las avenidas Abancay, Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola y Grau, se identificaron a 860 vehículos responsables de 1792 infracciones. Por otro lado, en La Molina, particularmente en la av. Javier Prado, se detectaron 772 faltas cometidas por 590 carros. En una situación similar, San Borja reportó 566 transgresiones gracias al monitoreo de 486 móviles.

Asimismo, en el distrito de Santiago de Surco, a través de las cámaras en las arteras viales Alfredo Benavides, Ayacucho y Los Ingenieros, se captaron 479 contravenciones causadas por 402 autos. En San Miguel, específicamente en la avenida La Marina, 48 transportes fueron sorprendidos cometiendo 54 desobediencias. En tanto, en Santa Anita y Jesús María, se registraron 116 y nueve irregularidades, respectivamente.
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Un caso notable se presentó en el estacionamiento del aeropuerto Jorge Chávez, donde 77 taxis informales incurrieron en 132 infracciones. Frente a estos resultados, la ATU inició procedimientos administrativos sancionadores contra los vehículos implicados.
La institución resalta que la implementación de este sistema de fiscalización electrónica no solo permite una supervisión más eficaz del cumplimiento de las normativas de transporte, sino que también protege a sus fiscalizadores de enfrentamientos físicos con los infractores, quienes en ocasiones optan por la violencia.

¿Cuáles son las funciones de la ATU?
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) es una institución pública creada con el objetivo de reformar y mejorar el sistema de transporte.
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Esta entidad surge como una respuesta a la necesidad de solucionar de manera integral los problemas de tránsito en una de las áreas metropolitanas más grandes y complejas del país, buscando ofrecer a los ciudadanos opciones de movilidad más eficientes, seguras y sostenibles.
La institución tiene el mandato de ejecutar estrategias en el sistema de buses, el metro de Lima, taxis, entre otros. Asimismo, está encargada de ordenar el tránsito vehicular y peatonal al promover prácticas seguras y eficientes que contribuyan a reducir los niveles de congestión y contaminación.

La autoridad también desarrolla e implementa políticas, normas y regulaciones orientadas a garantizar la calidad y competencia en la prestación de servicios. Estas incluyen desde la regulación de tarifas hasta el establecimiento de estándares de prestaciones que aseguren la accesibilidad, frecuencia y seguridad.
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Otra función clave de la ATU es la fiscalización y sanción de infracciones relacionadas con el tránsito. Esto implica la supervisión constante de la operación del transporte público, así como la implementación de medidas correctivas y sanciones para aquellos vehículos que operan fuera de la normativa establecida.
Además, promueve la modernización de la infraestructura de movilidad a través de la implementación de tecnologías avanzadas que faciliten la gestión del tráfico y mejoren la experiencia de los usuarios.
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