Acción Popular inicia proceso de expulsión contra Darwin Espinoza por ‘traición’ al partido

El partido Acción Popular ha dado inicio a un procedimiento sumarísimo de expulsión contra el parlamentario Darwin Espinoza Vargas, quien además ostenta el cargo de vocero titular de la bancada de esta agrupación política.

En un comunicado firmado por Lizandro Salas Astorga, secretario nacional de Disciplina del partido, se le comunica al congresista sobre el inicio de este proceso tras la emisión de un reportaje periodístico que denunció el uso indebido de recursos del Estado por parte del parlamentario para formar su propia agrupación política, acto que fue considerado como una “traición”.

Hasta el momento, el parlamentario no ha emitido comentarios públicos ni respondido a los requerimientos de la prensa sobre este procedimiento de expulsión iniciado por su propia agrupación política.

Previamente, el comité disciplinario de Acción Popular había remitido días atrás una carta a su vocero de la bancada anunciándole un proceso sumarísimo de expulsión, en referencia a la Resolución N° 001-2024-SND/AP, en concordancia con los estatutos y reglamentos internos del partido.

De acuerdo a lo informado por RPP, el motivo de esta medida disciplinaria es la presunta implicación de Espinoza en el caso conocido como ‘Los Niños’. Esta acusación surge a raíz de una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía, que señala a ciertos parlamentarios, incluyendo a Espinoza, de posibles delitos como organización criminal y tráfico de influencias.

Además, se menciona que el proceso de expulsión también se relaciona con el supuesto uso no autorizado de un inmueble de propiedad del partido, ubicado en Chimbote (Áncash).

A este proceso, la Secretaría Nacional de Disciplina de Acción Popular ha dispuesto acumular al expediente en trámite la denuncia periodística revelada ayer en Punto Final y dio un plazo de tres días al parlamentario para que realice sus descargos.

En una conversación con RPP, Juan Abad Cabrera, secretario general nacional de Acción Popular, expresó que los señalamientos en contra del congresista Darwin Espinoza, quien además funge como vocero de la bancada parlamentaria de su partido, son tan serios que, en su opinión, “debería estar preso”.

En el reportaje que fue emitido la noche del domingo 14 de abril, Punto Final reveló que el congresista Darwin Espinoza habría solicitado 10 mil hojas Bond a la Oficina de Abastecimiento del Poder Legislativo en enero pasado. Esta solicitud se habría hecho con el propósito de imprimir fichas de afiliación para inscribir su partido Movimiento Regional Adelante en Áncash.

Según la nota periodística, Espinoza habría utilizado su oficina parlamentaria para actividades proselitistas personales e incluso habría presionado a su personal para obtener firmas necesarias de adherentes para la inscripción del movimiento. Un extrabajador contó que el congresista llegó al extremo de solicitarle que financie sus gastos personales y de campaña con recursos propios, a cambio de mantenerlo en su puesto de trabajo.

Además, se señala que Espinoza habría delegado a su asistente parlamentario la tarea de verificar las fichas de afiliación obtenidas por sus trabajadores, accediendo al sistema del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) con la cuenta proporcionada por el parlamentario.

Sobre este último hecho, el Reniec emitió un comunicado e informó que desde la cuenta asignada a Darwin Espinoza se realizaron 1.851 consultas solo en el mes de marzo. Ante el incremento inusual de operaciones, la entidad suspendió la cuenta del congresista.

El equipo periodístico de Punto Final abordó en el Congreso a Darwin Espinoza para que aclare la denuncia y este negó cualquier imputación y descartó una intención de formar un nuevo partido en Áncash, reafirmando su pertenencia a Acción Popular y su compromiso con la bancada parlamentaria.

El nuevo escándalo que se cierne sobre Darwin Espinoza, quien habría utilizado recursos del Estado para beneficio propio, motivó que la Procuraduría General inicie una investigación de oficio para determinar los delitos que habría cometido el congresista.

“Se solicitará documentación referente a los presuntos hechos ilícitos al Congreso, al Jurado Nacional de Elecciones y al Reniec que permitan objetivamente estos graves hechos a fin de tomar las acciones que la constitución le faculta”, se lee en el comunicado que fue difundido por la institución a través de las redes sociales.