Con diez votos a favor y cuatro abstenciones, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó este martes el dictamen que propone la derogatoria de la Ley N.º 31973, conocida como la Ley Antiforestal, aprobada y publicada por insistencia por el Parlamento.
Con esta decisión, que ha sido celebrada por organizaciones nativas y medioambientales, el documento será derivado a la Comisión Agraria. “Le exhortamos a abrir el debate y reflexionar sobre los impactos que tendrá en casos que se investigan actualmente, y reconocer que hoy esta ley no ha respetado los derechos de los pueblos indígenas”, requirió la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú), presidenta del grupo parlamentario.
“¡Seguiremos en alerta permanente hasta lograr la derogatoria de esta nociva ley que atenta contra nuestros derechos fundamentales y la Amazonía!”, señaló AIDESEP en un pronunciamiento difundido en X, antes Twitter. “A pesar del intento de la congresista Mery Infantes de pedir reconsideración, seguiremos hasta la derogatoria. Gracias a la presión de la ciudadanía organizada”, anotó el movimiento.
Previamente, el Tribunal Constitucional (TC) había admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín contra esta norma que aumentaría la deforestación, vulneraría la gobernanza de las poblaciones indígenas y generaría impunidad en procesos judiciales.
Ahora, el Legislativo deberá presentarse en el proceso y responder a la demanda en un plazo máximo de 30 días útiles.
¿Por qué debe derogarse la Ley Antiforestal?
En enero pasado, el Congreso promulgó por insistencia las modificaciones a la ley forestal y de fauna silvestre que, en opinión de organizaciones, representan una violación a los derechos de los pueblos indígenas y facilitan la deforestación de la Amazonía.
De hecho, el Ejecutivo devolvió la norma sin promulgarla, luego de que el Ministerio del Ambiente cuestionara que la zonificación ambiental pase al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y que se permita que zonas forestales sean consideradas con fines agropecuarios en atención al uso mayor que se les dé.
Luque resaltó, precisamente, que esta ley fue aprobada “sin consultar a los pueblos indígenas” y que sus disposiciones podrían causar el archivo de casi 1,300 procesos fiscales y judiciales en curso por delitos asociados a la deforestación.
La diputada también indicó que su aprobación acarrea “una pérdida de confianza en los productos de exportación a países que exigen un comercio de productos libres de deforestación” e impacta a todo el planeta por el efecto climático. Días después de que la norma fuera aprobada, el expremier Alberto Otárola dijo que el Gobierno usaría “mecanismos constitucionales para poner en debate nuevamente este asunto”.
“Esa es una ley que el Congreso ha aprobado por insistencia, el Poder Ejecutivo en su momento la observó, hemos discutido sobre el alcance de esa norma en el Consejo de Ministros y seguramente en los próximos días vamos a dar a conocer nuestra posición”, comentó entonces, sin más detalles.
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