
El Consejo de la Prensa peruana (CPP) presentó su informe de libertad de expresión para el mes de marzo, donde incluyen su posición institucional sobre la ‘Ley Mordaza’ que se ha propuesto en el Congreso de la República, y los casos de los periodistas Liubomir Fernández, Gustavo Gorriti y Rosa María Palacios.
Para el CPP, el proyecto de ley 7348, propuesto por el parlamentario de la bancada de Acción Popular, Luis Cordero Jon Tay, supondría una “mordaza encubierta”.
“Además, que las publicaciones periodísticas carezcan de valor probatorio, como propone la iniciativa, es a todas luces un absurdo, pues la prensa en repetidas ocasiones ha descubierto casos de corrupción en el poder, como presentarle a la ciudadanía los ‘Vladivideos’ en el año 2000. Por tanto, esta organización pide que se archive el proyecto de ley”, se lee en el comunicado.

En esa misma línea, sostienen que la propuesta legislativa “busca evitar que información de interés público llegue a la ciudadanía a través de sanciones administrativas o penales a fiscales que la difundan”-
“Cordero Jon Tay y otros congresistas que firmaron el proyecto han sido señalados por la prensa como actores de presuntos actos de corrupción. Su hermana María, congresista suspendida por apropiarse del sueldo de sus trabajadores luego de que la prensa destapara el ilícito, eventualmente podría verse beneficiada si la norma es aprobada por el Parlamento”, argumentan.
Fernández y Gorriti
Sobre Liubomir Fernanández, el CPP aseveró que tanto esta institución como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto de Prensa y Sociedad (IPS) han solicitado medidas cautelares en favor del periodista de La República en una carta dirigida a Margarette Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Si bien el Consejo de la Prensa Peruana entiende que todo ciudadano puede ser investigado por el Ministerio Público, preocupa un eventual levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista Gustavo Gorriti, pues podría afectar el derecho a la reserva de fuentes, y abrir una puerta para otros procesos similares”, explican.
“Ha sido presionado y amedrentado por publicar reportajes sobre mafias integradas por policías que estafaron a cientos de personas a través de redes piramidales en la región de Puno. Cámaras de vigilancia han captado sus actividades. El periodista ha señalado al abogado enrique Calmet choque como uno de los presuntos responsables”, agregan.
Además, comentan que esta no sería la primera vez que Liubomir se encuentra en esta situación de acoso y persecución, ya que el año pasado, luego de informar sobre una supuesta negligencia de una autoridad del Ejeército del Perú, que terminó con la vida de seis soldados que se ahogaron en el río Ilave, en Puno, fue amenazado en redes sociales, fue golpeado por el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Claudio Osorio Julca, y sufrió seguimiento por parte de esta entidad y la Policía.

En cuanto a Gustavo Gorri, el Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar contra el director de IDL - Reporteros, y los fiscales Rafael Vera y José Domingo Pérez, por los presuntos delitos de cohecho pasivo, cohecho activo y patrocinio ilegal. José Domingo Pérez
Asimismo, solicitaron el levantamiento del secreto de las comunicaciones del primero, debido a una denuncia basada en declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la nación, Patricia Benavides. Por ello, se investiga si Vela y Pérez entregaron a Gorriti información reservada de procesos penales a cambio de apoyo mediático.
Por último, sobre el caso de Rosa María Palacios, el CPP indicó que la periodista ha sido hostigada por grupos radicales, como ‘La Resistencia’, en varias ocasiones. Como se recuerda, una vez, al salir de un supermercado, un grupo de personas le gritó, insultó y amedrentó.
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