La excongresista Yesenia Ponce afrontará una prórroga de ocho meses en la investigación preparatoria por parte del Poder Judicial, en la que se le acusa de cohecho activo genérico. La decisión fue tomada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, liderado por Saul Peña, tras considerar el caso como complejo. Esta ampliación permite que las investigaciones se extiendan hasta diciembre de este año, según determinó el Ministerio Público.
El origen de esta investigación se remonta a 2017, cuando Ponce, quien fue elegida al Parlamento por el partido Fuerza Popular, es sospechosa de haber entregado dos lapiceros de la marca Montblanc, de muy alto valor, a Juan Carlos Gonzales, presidente de la Comisión de Ética parlamentaria de aquel entonces, y a Marco Campos, su asesor.
Se cree que este acto se produjo durante una indagación de la comisión hacia Ponce, tras el descubrimiento de que había falsificado información sobre su educación básica completa en su hoja de vida, cuando en realidad, solo había cursado hasta el cuarto año de secundaria. Este hecho condujo a una denuncia constitucional contra la congresista al siguiente año, misma que fue aprobada en el pleno del Congreso, derivando el caso al Ministerio Público.
La fiscalía maneja este proceso bajo la clasificación de “proceso complejo”, lo que fundamenta la extensión del periodo de investigación. En este escenario, Yesenia Ponce se encuentra en el centro de un escándalo político-judicial que pone en tela de juicio la integridad y transparencia de los servidores públicos y sus actuaciones dentro de las estructuras gubernamentales.
Solicitan levantar secreto bancario
El pasado 27 de febrero, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos solicitó al Poder Judicial el acceso a la información bancaria de la exlegisladora Yesenia Ponce, como parte de una investigación por presunta corrupción. Este requerimiento apunta a examinar transacciones específicas realizadas del 7 al 12 de agosto de 2017, período en el cual Ponce servía como representante en el Congreso, hasta este año. La audiencia para discutir esta solicitud fue fijada para el 7 de marzo de 2024.
Ponce es acusada de manipular sus credenciales educativas para calificar como candidata en las elecciones generales del 2016 por la región de Ancash. Además, enfrenta cargos por presuntas irregularidades durante su mandato, incluyendo el cohecho activo genérico y varias formas de falsedad documental. Se investiga específicamente si la excongresista adquirió bolígrafos de lujo con el objetivo de influir en el presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria de ese momento, para desviar una denuncia en su contra.
La investigación detalla que Ponce Villarreal de Vargas habría dirigido a su asesora, Candy Ojeda Amayo, para comprar dos bolígrafos Montblanc. Presuntamente, Ponce facilitó su tarjeta de débito, clave y número de identidad a través de WhatsApp para sufragar esta compra. Los nombres de Juan Carlos Gonzales Ardiles y Marco Antonio Campos Márquez, presidente y asesor de la Comisión de Ética Parlamentaria en aquel periodo, respectivamente, habrían sido grabados en los bolígrafos como parte de esta supuesta estrategia de corrupción.
La fiscalía espera que el levantamiento del secreto bancario revele evidencia concluyente sobre estas transacciones, apoyando así las acusaciones contra Ponce.
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